La aprobación el 17 de marzo de un importante paquete de medidas de carácter social para proteger a las personas que más riesgos van a correr por este “enclaustramiento” al que nos vemos condenados por el Covid-19 me ha alegrado profundamente. Es una buena noticia, y sobre todo, una cuestión de justicia social que con el dinero de nuestros impuestos se activen inversiones con fuerte inyección de dinero público para apoyar a personas y familias vulnerables.
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Es importante que esto sea solo un primer paso para volver a levantar unas estructuras de protección social que quedaron muy debilitadas por las draconianas medidas de ajuste implementadas por gobiernos neoliberales durante la crisis, algunos de cuyos más genuinos representantes no dudaban en considerar como “mamandurrias” las prestaciones sociales o calificar a las personas sin “hogar” como una dificultad añadida para la limpieza de las ciudades.
Cambio de prioridades
Cierto es que parecen haber cambiado las prioridades. Tan cierto como que empiezan a escucharse avisos desde altas instituciones económicas y financieras de que este esfuerzo que estamos haciendo habrá que pagarlo en su momento. ¿Quizá con nuevas medidas de ajuste para las que ya se está preparando el terreno? Tiemblo al pensar quién estaría en “primera línea de recorte” si ello sucede. Seguramente sea momento de recordar que a la banca que fue rescatada cuando estalló la crisis de 2008 le quedan por devolver cerca de 40.000 millones de euros según datos del Banco de España…
Tan importante como el fondo, son las formas. No es nuevo que medidas bien intencionadas dirigidas a personas y colectivos vulnerables acaben fracasando porque no se escucha la necesidad de las personas afectadas, porque no se tienen en cuenta sus prioridades o porque no existe una suficiente preparación o sensibilidad por parte de las personas que eventualmente puedan llevarlas a la práctica.
Las noticias que han aparecido en los medios de policías multando a personas sin hogar por encontrarse en la calle o de amenazas de que el que entre en los albergues habilitados para la atención en los recintos feriales, ya no podrá salir, supondrían, de confirmarse, un ejercicio de prepotencia sobre el que es necesario reflexionar. Bastante tienen ya las personas que viven cotidianamente privadas de sus derechos sociales (que son tan derechos humanos como los civiles y políticos) para que, con la excusa de que “es por su bien” se acabe doblegando su voluntad y sus derechos. Ciertamente el estado de alarma decretado supone la modulación de algunos derechos, pero ante esta restricción no todos se encuentran en situación de igualdad. El estado de alarma no debería dar carta blanca para no cuidar las formas ni tener en cuenta la dignidad de las personas cuando de restringir derechos se trata.
Finalmente, y para no perder la importancia del momento, es necesario, ahora que se ha generalizado la conciencia social sobre la importancia de lo público, comprometerse en el blindaje de los derechos sociales en la Constitución mediante una reforma de la Carta Magna que debería llevarse a cabo con la misma urgencia y prioridad en cuanto la cuarentena termine.
