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En una videoconferencia de una noche de este abril, un buen amigo compartía consternado que en el centro de personas con alta dependencia que tiene a su cargo, moría una persona cada día, una sangría que, indignado, no tenía medios para detener. Es enorme la dimensión y profundidad de la catástrofe residencial contra los mayores y personas con discapacidad. Se está produciendo en todo Occidente, pero muchísimo más en España. Hace unas semanas analizamos el problema y propusimos soluciones, pero a estas alturas de mayo las cantidades han superado los peores cálculos y debemos tomar mayor conciencia de lo sucedido.

Debemos tomar conciencia de la entrega del personal de todas las residencias, que han puesto con igual intensidad que los sanitarios de los hospitales, en riesgo su vida atendiendo sin interrupción a los mayores. Desde los auxiliares hasta los gerentes han permanecido con las personas mayores en condiciones extremas. Injustamente, se les ha estigmatizado. Se les debe reconocimiento y gratitud. Ellos son los que, junto con los internistas, se han llevado la peor parte de esta pandemia. Donde más brutal ha sido la masacre del coronavirus ha sido en las residencias, donde los cuidadores carecían incluso de las mínimas defensas para proteger la vida de los ancianos. La catástrofe de las residencias es lo más grave que ha ocurrido durante esta pandemia y no solo debe llevar a una radical reconversión del sector, sino que tiene que haber una investigación judicial y una comisión de investigación independiente de cualquier filiación política, porque todas las Administraciones autonómicas y central tienen responsabilidad en ello. Los números se acercan cada vez más al horror. Des difícil exagerar.

A mitad de abril en Francia se refería que los muertos en residencias eran el 40% del total de muertos y en Bélgica el 42%. En España, por ahora, ya es el 66%, una proporción inasumible sin que haya responsabilidades por ello.

En casi ningún sitio se hicieron previsiones sobre las residencias. En sede parlamentaria, Boris Johnson faltó a la verdad al negar que la autoridad sanitaria de su gobierno estableciera el 25 de febrero que “es muy poco probable que ningún beneficiario de los servicios de una residencia acabe resultando infectado”. Con esa premisa se respondió a la pandemia declarada el 11 de marzo.

Los datos de Reino Unido son controvertidos, pero serán más de la mitad, si no una proporción similar a España. Su Oficina Nacional de Estadísticas (ONS) publicó el 12 de mayo que en Reino Unido la sobremortalidad es de 40.496 muertos. Oficialmente se reconocen 33.186. Las perspectivas pueden ser incluso peores: el mismo 12 de mayo, un estudio estadístico del Finantial Times eleva las muertes en Reino Unido a 60.000 (artículo de Chris Giles en FT). También los datos de residencias de mayores han sido actualizados. El periodista Robert Booth de The Guardian se hacía eco ayer 13 de mayo de un estudio de investigadores de la London School of Economics (LSE) en el que elevan a 22.000 la cantidad de ancianos muertos por coronavirus en las residencias de Inglaterra y Gales -sin contar Escocia e Irlanda del Norte, por tanto-. Oficialmente, la ONS la cifra en 8.314 a 12 de mayo.

Contar mal a los muertos no solo muestra el descontrol y mal gobierno (porque no sabes la dimensión sobre la que intervienes ni sus efectos), sino que es la primera falta de mínimo respeto a su memoria y sus familias.

20.000 muertos en residencias

Los mayores de residencias son dos tercios (65%) de los muertos oficiales en España (27.104). Ya se ha alcanzado la cifra de 17.800 mayores fallecidos en el conjunto de 5.457 residencias españolas de ancianos. Un tercio (5.886) sucedieron en Madrid, 3.361 en Cataluña, 2.501 en Castillla-León y 2.110 en La Mancha. En algunas regiones como Navarra o Extremadura son el 85% del total de sus fallecidos. No obstante, la magnitud del desastre será con toda seguridad mayor. El virus estaba ya circulando por España desde enero y solo los datos de sobremortandad respecto a la mortalidad esperada (media de anteriores años) esta primera mitad del año nos van a dar una idea aproximada de los muertos. El 6 de mayo, la Federación Empresarial de la Dependencia -FED, la patronal de las residencias de mayores en España- estima que, según los datos de sus miembros, el número de mayores fallecidos en residencias españolas podría haber alcanzado ya las 20.000 muertes.

Entre las residencias en las que hubo mayor número de fallecidos en España destacan Tomelloso y Madrid. El 5 de mayo, la Residencia Elder de Tomelloso ya había perdido a un tercio de sus residentes: 50 de un total de 155 plazas. En la misma fecha, la residencia Monte Hermoso de Madrid se acercaba al medio centenar (48), pero ya era el 37% de sus residentes (130). Las mayores sospechas se ciernen sobre el centro Vitalia de Leganés, donde los familiares, a 22 de abril, llevaban contabilizados 96 fallecidos con nombres y apellidos, aunque no se sabe cuántos de ellos por Covid-19. Europa Press dio voz al colectivo de familiares de clientes de la residencia Vitalia Home Leganés, pero la dirección de Vitalia no ha querido dar información sobre la mortalidad en ese centro. Vitalia Home Leganés tenía 266 plazas y el 22 de abril reconoció a Europa Press que tenía 115 residentes, todos con Covi-19 y otros 46 que habían dado negativo en las pruebas fueron trasladados a otra residencia de la empresa también en Madrid.

El abuelo que saltó por la ventana

No es extraño que haya habido mayores que hayan huido a la menor ocasión. Un señor de 89 años llamado Rafael García huyó de la residencia en la que estaba en Madrid. Hacía seis meses que había fallecido su esposa y se fue a vivir a una residencia. Sus hijos le ofrecieron sus hogares, pero él prefería más independencia y, quizás, no interrumpir en las dinámicas de cada familia. El 20 de marzo vio a uno de los auxiliares llorando y le preguntó que le pasaba. La razón le alarmó: llevaba ya seis muertos retirados. Rafael había estado sirviendo 40 años en el Ministerio del Interior, es un tipo decidido y supo que tenía que huir de allí. Llamó a sus hijos y se escapó a casa de su hija.

“Aunque cerca de los 90 años, con piernas ya lentas y patologías graves, pero con mi cabeza en perfecto estado, no deseo enfrentarme a los momentos finales de la vida, si es que me tocara ya, de la forma en la que muchos, por abandono o negligencia, y en la soledad más absoluta, lo están sufriendo”, dice Don Rafael El País (entrevista de Juan Diego Quesada, el 25 de marzo).

Me ha recordado a aquella novela sueca de Jonas Jonasson, ‘El abuelo que saltó por la ventana y se largó’ (Salamandra, 2009), donde un hombre de 99 años huye el día en que van a celebrarle el cumpleaños en la residencia. A veces desertar es defender la vida.

Los casos Isabella y Andover II

En Estados Unidos es donde hemos visto otros de los desastres más duros. Ha habido residencias donde también casi se alcanza el centenar de muertos. El 2 de mayo Nueva York descubrió que se sumaban ya 98 muertos en el Centro Geriátrico Isabella, ubicado en Manhattan –al Norte de Harlem, en los Washington Heights–, lo cual suponía el 14% de sus residentes. Parte de ellos fallecieron en la residencia y otros en hospitales. Supera al Vitalia de Leganés, pero la masacre es muy pareja.

En otros casos, no solo ha habido cantidades altas de fallecidos, sino que se procuró no informar sobre ello y se trató a los cuerpos de forma indebida. Es el caso de la residencia de mayores Andover 2, en Nueva Jersey, que el 26 de abril acumulaba ya 70 muertos entre 536 residentes. El centro tenía poco personal y carecía de medios de protección. Las bolsas de cadáveres se apilaban sin salida. La residencia Andover II está ubicada en Andover, una pequeña localidad de 600 habitantes en el Estado de Nueva Jersey. Tenía hasta ahora 543 residentes, las habitaciones eran triples y en los últimos dos años han recibido malas evaluaciones por parte de inspectores federales y estatales. Desde la declaración de la pandemia han carecido de material de protección para los residentes y personal sanitario. Algunos trabajadores compraron por su cuenta escudos faciales y suplicaron por más recursos a las autoridades y recurrieron a pedir donaciones por Facebook a la ciudadanía. No obstante, ya era tarde porque el monstruo estaba multiplicándose dentro de la residencia hasta matar a 70 muertos. Una denuncia anónima informó a la policía de la mortandad y al llegar se encontraron con 17 cuerpos en bolsas apiladas en una pequeña habitación del recinto. Todos los demás residentes dieron positivo y tenían síntomas, incluyendo fiebres altas y expectoración. Hay una investigación estatal y federal en curso.

La impotencia de San Celedonio

Por la transparencia de la dirección y la Iglesia, sí se ha podido seguir con detalle cuál fue el proceso en una de las residencias madrileñas, el Centro de Mayores Santísima Virgen y San Celedonio, situado en el Distrito de Chamartín, a cien metros del Estadio Bernabeu del Real Madrid (calle Condes del Val, 11). La Fundación que la sostiene lleva en funcionamiento desde 1916, hace más de un siglo, pertenece a la Iglesia de Madrid y la gestión la realizaba la Fundación Lares. Las Hijas de la Caridad participan en el cuidado de los mayores. Nadie ha abandonado a nadie incluso en los peores momentos, han entregado su vida y la han puesto en riesgo por los mayores, lo cual hizo enfermar a casi todo el personal.

Desde el 8 de marzo en que registraron el primer fallecido, la pandemia no ha dejado de devorar el interior de la residencia sin que nadie arroje al monstruo de allí. Sumaban en total 162 residentes, con una edad media de 92 años. Había también 18 religiosas mayores en condición de residentes, todas por encima de los 70 años y que hacían labores de voluntariado para atender a sus compañeros de generación. El personal de la residencia estaba preparado para atender la vida ordinaria de los mayores y sus enfermedades, pero no para hacer frente a una pandemia procedente de China.

Los ancianos comían juntos y ese día del primer muerto se suspendieron las actividades comunes. Dos días después se dividió a los ancianos para comer por grupos. Los trabajadores rotaban por grupos y ese error contribuyó a esparcir el virus, pero tampoco había instrucciones de cómo hacer un plan de contingencia de prevención. Nadie del Centro de Coordinación de Alarmas y Emergencias Sanitarias (CCAES) había diseñado desde 2004 un solo protocolo de qué había que hacer en caso de que se desatara un brote epidémico en un centro de mayores. Bueno, para ser justos, no había escrito ni un solo plan de contingencia para ningún tipo de centro, colegio, Administración ni ninguna realidad. Dentro del CCAES está instituido el Sistema Nacional de Alerta Precoz y Respuesta Rápida (SIAPR), pero tampoco este organismo había diseñado ni un solo plan ni protocolo que fuera precoz ni rápido, pero tampoco respuestas posteriores y lentas. Hubo que improvisar en todos los lugares y demasiado tarde para evitar una masacre.

El 20 de marzo, una semana después del estado de alarma, llevaban ya 11 muertos y pedían auxilio. Tenían otros 34 mayores infectados. “Necesitamos ayuda. Estamos desbordados. Nos estamos dejando la piel”, contaba su gerente a la prensa. “Hace días que en la Comunidad de Madrid los hospitales no admiten derivaciones de personas de residencias con deterioro cognitivo y en situación clínica muy grave. El virus está generalizado y sin control”, siguió uno de los directivos del centro (recogido por El País y El Confidencial). Su personal estaba muy enfermo; de los 90 trabajadores, 42 estaban ya en aislamiento por contagio.

La residencia suplicó por la intervención de la Unidad Militar de Emergencia y la Administración, pero sin resultado en esa primera fase de escañada del número de contagios y fenecidos. Las residencias no están preparadas en ningún sitio para hacer frente a una emergencia sanitaria de este calibre: debían estar bajo la autoridad sanitaria y contar con todos sus medios, pero en esos momentos parecían haber sido abandonadas. Alberto Reyero, el consejero responsable en la Comunidad de Madrid carecía de los medios para una respuesta sanitaria, que correspondía a la Consejería de Sanidad. Desde el inicio insistió que las residencias pasaran a estar bajo el control de Sanidad, la medicalización de la residencia y solicitó la intervención urgente de los sanitarios militares. Tres días después, el 23 de marzo, acudió la UME y desinfectó el centro.

Cinco días después ya iban 25 muertos –uno de ellos, una de las religiosas– y la plantilla de 90 trabajadores había quedado reducida a 13 trabajadores. En una sola noche, el escaso personal, trabajando día y noche, bajó seis muertos al sótano.

Su gerente siguió respondiendo a la prensa: “Nos duele que desde diversas instancias se cuestione la entrega y profesionalidad con las que se está actuando a costa de nuestra propia salud… Desde el principio de la crisis, el personal no ha cesado en su desvelo y entrega a los mayores. Estamos consternados y muy preocupados ante la gran dificultad de cuidar y atender a los ancianos. Desde el principio de la crisis y, aun sin llegar ayuda, se ha estado trabajando en condiciones muy adversas. Se informó al Ministerio de Sanidad y a la Comunidad de Madrid y a fecha de hoy no ha habido respuesta de las autoridades”, añadió el director a la prensa (recogido por la Agencia EFE, 25 de marzo).

El 27 de marzo hicieron acto de presencia profesionales de la Consejería de Sanidad, que evaluaron la situación. El 1 de abril la Comunidad de Madrid interviene San Celedonio junto con otras siete residencias. Al día siguiente en San Celedonio tienen ya 34 fallecidos y se quedan sin personal sanitario porque la médica de la residencia que hasta ese momento había resistido, cae enferma y no encuentran médicos ni ATS a quien poder contratar. La dirección de la residencia pide a las familias que se lleven a sus mayores para realojarlos. Había pasado más de un mes desde el primer muerto y ya 39 mayores habían perdido la vida. La dirección se quejaba de que, pese a haber sido intervenidos por la Administración, seguían sin recibir ayuda alguna de las autoridades, en el más absoluto abandono.

Este modesto estudio de caso contiene varias enseñanzas. Las residencias no fueron prevenidas ni estaban preparadas, lo cual tampoco era su competencia. Se actuó tarde en ellas y no fueron medicalizadas. Se estigmatizó injustamente al conjunto de su personal y gerentes. Se optó preferentemente por no hospitalizar a los enfermos.

La estrategia de no hospitalizar a los mayores de residencias

En los últimos días se ha fijado la atención en el criterio tomado por la política sanitaria de no hospitalizar a los mayores de residencias porque eso redujo sustancialmente sus oportunidades de luchar contra la enfermedad, ha extendido los contagios dentro de los centros y ha hundido los ánimos de los residentes y el personal que les atiende.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue entrevistada por la periodista Marta Belver en El Mundo el 10 de mayo. La entrevistadora le pregunta: “La patronal de las residencias denunció que durante el pico de la pandemia no se aceptaron hospitalizaciones de residentes”. La respuesta de Ayuso fue: “Si ha habido criterios técnicos y sanitarios que te dicen que igualmente esta persona va a fallecer, que mejor se quede ahí, yo no lo puedo cuestionar ahora en frío y a toro pasado”. Esto no parece haber sido una decisión exclusiva de Madrid, sino un criterio político general -de política sanitaria, pero política-.

La patronal de residencias ha denunciado que no se ha estado “protegiendo a los más vulnerables”, ha dicho el presidente de la FED, Ignacio Fernández-Cid (entrevista de Brais Cedeira en El Español, 9 de mayo). El presidente de FED continúa contando a El Español cómo sucedió. “Llamabas a un hospital pidiendo ayuda porque detectabas a una persona con problemas y con síntomas y al llamar al geriatra de referencia, este te decía que no, que no lo podías ingresar. Llamas para derivar a una persona y no te dejan. Las residencias somos como las casas de las personas mayores. No somos lugares de diagnóstico. Tenemos servicios mínimos en comparación con un hospital. Allí están acostumbrados a tratarles. Nosotros no podemos jugar a lo que no somos. No nos dejaban derivarlos allí [a los hospitales]. Si llamas diciendo que tu padre está en la residencia directamente ni te atienden. Eso es una angustia tremenda. Hay muchas familias que se han enfadado porque no les hemos derivado a su padre o a su madre al hospital. Oiga, pero es que no nos han dejado. Y nos dicen: ‘¿Cómo va a ser posible?’. Se lo prometo, no nos han dejado. Pero si una persona mayor desde su casa necesita ir al hospital, ese procedimiento no ha cambiado. Si tienes una urgencia, lo llevas a urgencias y ya está. El problema ha sido las personas que estaban en los centros. Por eso las familias no lo entendían. Y esa orden las han dado las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas. Es cruel, durísimo, claro que sí. Sí, así de duro es. Y así de terminante te lo digo. Es como si los aislaran”.

Reclamar responsabilidades públicas

Ha sido tal la catástrofe en las residencias de mayores, que esta semana ha comenzado ya una cadena de denuncias contra todas las autoridades sanitarias. Ya en Italia, el 26 de abril, cincuenta mil familiares de víctimas de residencias comenzaban una denuncia colectiva contra el Estado. El 12 de mayo la Asociación Defensor del Paciente ha denunciado ante el Tribunal Supremo a la Presidenta de la Comunidad de Madrid por omisión del deber de socorro y homicidios imprudentes por ordenar que los hospitales madrileños no aceptaran ancianos procedentes de residencias. A ellos se ha sumado otra querella de 26 familiares de la Plataforma Marea de Residencias. A la vez, 11 abogados reunidos en una plataforma llamada “El día después” han presentado una denuncia también ante el tribunal Supremo contra todos los miembros del Gobierno de España por homicidios imprudentes. En la querella inicial se han personado 116 familiares, aunque anuncian representar a familiares de 3.274 fallecidos. La Fiscalía General del Estado ya contabiliza a mitad de mayo diligencias civiles contra 185 residencias y diligencias penales contra 140 de ellas –la mitad (69) en Madrid–.

La opacidad en la información da mayor razón a quienes quieren que intervengan los tribunales para que se aclare la verdad y se depuren todas las responsabilidades. Posiblemente se hayan tomado medidas que dieron menos oportunidades de defender su vida a los mayores. Con total seguridad ha habido dejación de medidas de protección y acción temprana. Hay una doble cuestión en juego. La primera, de fondo, es un problema de modelo, tal como expusimos hace semanas. La segunda es la que lleva a la vía judicial: la negligencia por la falta de atención temprana y la toma de decisiones que hayan perjudicado las oportunidades de supervivencia de los mayores en residencias. 20.000 muertos en residencias es una catástrofe que no puede quedar sin encontrar responsables. En España ha sido mucho mayor la incidencia que en otros países en las mismas condiciones –Reino Unido, Francia, Bélgica o Italia– y eso requiere depurar responsabilidades en los tribunales, no solo políticas.

Es necesario criticar el modelo residencial masivo. Así todo, el 50% de las residencias en España tienen menos de cincuenta residentes. Es necesario superar un modelo excesivamente sujeto a una progresiva búsqueda del lucro: más de la mitad de las grandes residencias está en manos de fondos de inversión (12% del total de residencias). Pero lo cierto es que las residencias no son centros preparados para responder a una pandemia. No tenían medios de protección porque nunca ninguna autoridad política lo estableció -ahí y en ningún lugar-. No había planes de respuesta precoz y rápida porque la Administración no cumplió su deber de proporcionarlos u obligar a su realización, igual que es de obligado cumplimiento tener planes de evacuación de edificios. Las residencias tienen que cumplir las ratios que establece la legislación pública (personal, metros, personas por dormitorio, jardín, comidas, actividades, etc.). En las residencias hay problemas, pero la principal responsabilidad es de la Administración y de todos los partidos que hayan gobernado los últimos cuarenta años la administración autonómica o central. Políticamente es tan transversal la responsabilidad de los partidos políticos que es necesario que intervengan los tribunales.

El milagro de Vilanova

Queremos terminar este diario de hoy dando razones a las espirales de la esperanza. En algunos lugares se logró detener el virus y no tener ninguna víctima. En Corbas (cerca de Lyon), la residencia Vilanova –obra de una asociación de la Iglesia católica– lograron que no hubiera nadie con Covid-19. La semana del 18 de marzo, el coronavirus ya había entrado con fuerza en Francia. Esa mañana, en una hora se tomó la decisión. No había suficientes equipos de protección para el personal, no lo podían adquirir y juzgaron que era improbable que la Administración se lo proporcionara a tiempo. Propusieron confinarse todo el personal con los mayores y aquellos trabajadores que lo aceptaron tras consultar con sus familias, se encerraron con los 108 mayores. Para suplir a los trabajadores que faltaban, se contó con voluntarios. En total, 29 cuidadores y la directora, que se puso una bata para hacer todo tipo de funciones, como todos. Se cerró la residencia a toda visita exterior. No se esperó a la Administración, sino que la sociedad civil y la comunidad se autodefendió como mejor pudo y supo dados sus pocos medios para hacer frente a una pandemia brutal.

Para contrarrestar la preocupación y desasosiego de los residentes, se intensificó la comunicación y los vínculos entre todos. Lo más difícil para los residentes fue la separación de los familiares. Para tranquilizar y compensar a los familiares, además del teléfono, mensajes y videoconferencias, se comunicó más por el Facebook de la residencia, una especie de diario que se actualizaba por la mañana, a mediodía y por la noche. También se colgaron numerosas fotos de los residentes y la vida en el centro. Toda la comunidad del centro se unió en ese desafío de vencer a la pandemia. El 8 de abril recibieron por fin los equipos de protección personal, pero continuaron con la misma estrategia. Finalmente, el 4 de mayo decidieron terminar el confinamiento todos juntos, tras 47 días y noches sin salir, cruzando la tormenta todos juntos. Hasta ese día nadie había fallecido por el Covid-19. El milagro no era que no hubiera muerto nadie, sino que tanta solidaridad y ternura fuera posible en el mundo en que vivimos.