En un ataque de realismo en medio de la moción de censura que amenazaba seriamente con cuajar y llevarle en volandas a La Moncloa, sin casi tiempo ni para pasar por casa, Pedro Sánchez admitió que “no vamos a poder resolverlo todo”. Y menos teniendo en cuenta que su intención primera era convocar elecciones lo antes posible, lo cual ya agotaba un poco más el espacio temporal de una legislatura, como mucho, con dos años de respiración asistida por delante.
Pero vio la oportunidad y se lanzó a tratar de gobernar, aunque dándose cuenta de que los asuntos que más preocupan a los españoles no se resuelven con mero voluntarismo. Se puede apañar un aguinaldo para las pensiones, pero la hucha está vacía. Y la precariedad parlamentaria no acabará tampoco con la precariedad laboral de este país. La reforma del PP se queda, en un ejercicio de dolorosa cohabitación mental entre lo que quiero y puedo ser.
Y es ahí donde entran en juego los fuegos de artificio, artimaña recurrente de poner en el punto de mira a la Iglesia, en este caso, a la escuela concertada, de la que la ministra de Educación ha venido a decir que está siendo beneficiada en detrimento de la pública. Isabel Celaá ha rectificado a medias este gallo, que desafina con la partitura que dicen que trae Sánchez. Habrá que ver, pero los obispos se lo han hecho saber rápidamente.
Si se quiere acabar con los centros que segregan por sexo –algunos en manos de instituciones eclesiales–, que se diga claramente. Tal vez se encontraría con que tampoco tienen tantos defensores, aunque otra cosa es reconocerlo públicamente. Pero no se puede disparar con postas a todo el colectivo, porque la aportación de la concertada al sistema educativo es beneficiosa para la sociedad.
Celaá haría bien en aplicarse lo que pidió en su primera comparecencia en el Congreso: dejar la ideologización a las puertas de la escuela. Y, de paso, no echar la culpa de los males de la pública a los demás.
