No había más deidad como testigo que el divino Alejandro Magno –desde el tapiz flamenco del siglo XVI– en la toma de posesión de Pedro Sánchez, quien, con el criterio que da la coherencia, pidió que ni Biblia ni crucifijo acompañasen a la Constitución en tan solemne acto.
No pocos pensaron que en ese momento se rasgarían los velos de los templos, pero feligresía y pastores lo acogieron con la madurez que da un Vaticano II, y que para sí quisieran dispensadores de bulas democráticas. Hay partidos que han dejado atrás reminiscencias marxistas y leninistas, pero necesitan aún su propio concilio para afrontar su relación con el hecho religioso. No se libran los partidos de la derecha, para quienes son urgentes nuevas directrices para salir de Trento o, en el caso de los más jóvenes de ese espectro, superar la insoportable levedad de la modernidad líquida.
No siempre quien ha jurado ante la Biblia se ha regido por criterios evangélicos. Hoy se los puede ver saliendo de juzgados y entrando en prisiones y casi nunca su comportamiento ha merecido que la Iglesia les sacase los colores. En ocasiones se ha sido más escrupuloso con niños discapacitados que querían comulgar que con políticos que no hubiesen pasado un test de catequesis.
Y tampoco todos los que han prometido sobre la carta magna han sabido conjurar esos mismos males. En todo caso, hay que recordar que el texto sobre el que Sánchez puso su mano consagra la igualdad de todos los españoles y es garante de sus derechos, entre ellos el de la libertad religiosa. Sánchez sabe –y si no, tiene quien se lo recuerde en su partido– que una cosa es arrinconar la Biblia en su toma de posesión y otra a los cristianos a la hora de gobernar. No es cuestión de privilegios, sino de derechos, ni más ni menos.
