Trascendió en México que el pasado lunes los obispos de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) se reunieron con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para hablar sobre los temas de construcción de paz y migración. Respecto al tema migratorio, la CEM expresó que la Iglesia Católica quiere seguir coadyuvando en la respuesta a esta emergencia por la que atraviesa el país.
Unir fuerzas, coordinarse y garantizar la seguridad de los migrantes
Apunta la CEM que “Con sus 95 diócesis, 10 mil parroquias, más de 130 albergues, y con miles de agentes de pastoral en todo el territorio nacional, la Iglesia realiza una importante misión de ayuda humanitaria y defensa de los derechos humanos; una labor no siempre reconocida. Los obispos expresaron la necesidad de establecer un mayor diálogo y colaboración con las diferentes instancias de gobierno para unir fuerzas, coordinarse y garantizar la seguridad de los migrantes y los agentes de pastoral. La criminalización y estigmatización de los migrantes y de los defensores de sus derechos humanos, son una preocupación que se le manifestó al Presidente”.
Esta misma semana, el pasado 20 de junio se celebró el Día Mundial del Refugiado; para la Iglesia ha sido una oportunidad para levantar la voz en favor de los que no tienen voz e instar a los gobiernos a desarrollar acciones que puedan favorecer a agilizar los trámites ante el proceso de asilo, así como velar por los derechos humanos de los migrantes en general. La comunidad de Sant’Egidio mediante la iniciativa “morir de esperanza” para recordar a quienes han perdido la vida intentando llegar a Europa, principalmente por las muertes en el mar. Los casos se cuentan por miles y las historias desgarradoras son incontables.
Foto: Comunidad de Sant’Egidio de Madrid. “Morir de Esperanza 2016”
No es menor la labor que la Iglesia realiza a ras de piso y en distintas instancias de toma de decisiones para trabajar en conjunto con la comunidad internacional para promover y adoptar medidas eficaces para proteger la dignidad, derechos y libertades de todas las personas que actualmente se desplazan, incluyendo migrantes forzados, víctimas del tráfico de seres humanos, solicitantes de asilo, refugiados y desplazados internos, como lo ha querido indicar el papa Francisco en los 20 puntos de acción pastoral. Estos puntos se presentan bajo cuatro temas: acoger, proteger, promover e integrar. Son verbos activos y que representan llamados a la acción. Partiendo de lo que es actualmente posible, su objetivo último es la construcción de una casa común inclusiva y sostenible para todos.
Las migraciones masivas, un reto a la base jurídica de la institución consular
Los 20 puntos incluyen el deber de incentivar a los Estados a prohibir todas las expulsiones arbitrarias y colectivas. Deberá respetarse siempre el principio del “non refoulement” (no devolución). Este principio se basa en la situación individual de cada persona y no en la presunción de seguridad de un país determinado. Los Estados deben evitar el uso de listas de países seguros, ya que estas listas no pueden cubrir las necesidades reales de protección de los refugiados. También de incentivar a los Estados y otros actores implicados a ampliar el número y la variedad de canales jurídicos alternativos para la migración y el reasentamiento seguro y voluntario, en el pleno respeto del principio del “non refoulement” (no devolución) definida en la Convención Sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.
La Iglesia y su red de agentes pastorales también está llamada a profundizar en entender la dimensión jurídica del problema para interrelacionarse desde la perspectiva de los derechos y la dignidad con las autoridades.
En medio de la ola de flujos migratorios con personas que vienen por diversos motivos, pero en particular aquellas que tienen la necesidad de ser protegidas por otro Estado debido a que el propio no puede garantizarles el respeto a sus derechos, hay un actor clave que no debe perderse de vista. Me refiero a las instancias consulares, son éstas las que finalmente, representan al Estado de los países de origen.
En el contexto de los años 60´s se desarrolló el Convenio de Viena sobre relaciones consulares, del que se desprende que la oficina consular debía atender a los nacionales de su Estado en condición de emigrantes. Entendidos éstos como aquellas personas que por diversos motivos han tenido que moverse (de forma legal) al Estado receptor. No obstante, las condiciones actuales han cambiado. Las migraciones masivas representan un reto a la base jurídica y práctica de la institución consular, en tanto producen nuevas vulnerabilidades que afectan los derechos más fundamentales del individuo, tratándose en muchos casos de una encrucijada ética para el funcionario consular en tanto queda a su criterio y discreción la atención a los casos de personas que permanecen en el limbo con múltiples necesidades.
Es claro que en la actual crisis humanitaria ocasionada por el flujo migratorio sin precedentes que transita por México, no habrá lista de albergues ni de parroquias suficientes para subsanar la ausencia de una respuesta estatal. Si las instancias consulares de los países de origen están imposibilitadas, ya sea por capacidad técnica o recursos, a desarrollar sus labores de asistencia y Protección Consular, fallará la responsabilidad de proteger. Y si de responsabilidades se trata, hay quienes tiene más que otras conforme al derecho nacional e internacional. La ayuda humanitaria que instancias como la Iglesia puedan prestar será siempre limitada ante la dimensión de los problemas contemporáneos ligados a la migración.
