JOSÉ LORENZO | Redactor jefe de Vida Nueva
“No estoy muy convencido de que la Nueva Evangelización a la que nos ha invitado Benedicto XVI pase por el desprecio a aquellos con los que tenemos que convivir, aunque sean ciegos y sordos a nuestro mensaje. Seguro que sin pretenderlo, eso es lo que han hecho algunos obispos (pocos, es verdad) con los miles de jóvenes acampados en las plazas de España”.
El arzobispo Antonio Montero, uno de los estudiosos de referencia de la persecución religiosa durante la contienda fratricida del 36, suele decir, parafraseando a un historiador norteamericano, que “las guerras civiles duran cien años”. Nosotros vamos ya por los tres cuartos de siglo, y parece que aún anida el rencor suficiente para sobrepasar el centenario.
Aunque son muchos los que no se lo reconocen, la Iglesia, en los estertores del franquismo, comenzó una gran labor en favor de la reconciliación entre las dos Españas, tarea en la que profundizó con generosidad durante la Transición. Supo vencer algunos recelos internos y, guiada por unos pastores que veían la necesidad de virar para recoger en las velas de la Iglesia los vientos renovadores del Vaticano II, consiguieron estar a la altura histórica de unas circunstancias altamente inflamables.
Sin embargo, cíclicamente, el fantasma de la Guerra Civil y el del papel de la Iglesia durante la misma reaparece en nuestra escena pública, agitado por decisiones políticas controvertidas. Es lo que ha pasado con la Ley de Memoria Histórica, que pretendiendo reparar injusticias, no solo no contenta plenamente a nadie, sino que aviva los rencores. Y es lo que está sucediendo ahora con el tema del Valle de los Caídos, donde descansan los restos de 33.833 personas (12.410 de ellos, sin identificar), víctimas de uno y otro bando.
El Gobierno, desarrollando una disposición de esa ley, quiere convertir el lugar, en el que hay una abadía benedictina, en un espacio para la memoria y la reconciliación. Se aduce que hoy lo es solo para la exaltación política del bando vencedor, de lo que los monjes, evidentemente, no son responsables. Y ha puesto en marcha una comisión de expertos para que les diga cómo pueden hacer eso efectivo. Ya se ha asegurado que los monjes seguirán en la abadía y que se mantendrá el culto religioso, pese a los temores iniciales.
Pero el Arzobispado de Madrid, a quien se había invitado a participar en la comisión, retiró en el último instante a su representante. Y, con ello, la oportunidad de hacer oír, una vez más, como le es propio, la voz de la Iglesia en una cuestión en la que sigue en juego la reconciliación entre hermanos.
En el nº 2.757 de Vida Nueva.
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