No las tenían todas consigo los obispos cuando se votó la Constitución, ya saben, esa antigualla que vertebró el ‘régimen del 78’, en expresión de los nuevos constituyentes de la nada, los mismos que pretenden hoy su voladura controlada porque, como aseguran, quienes la votaron ya se han muerto.
El debate que hace cuarenta años se vivía en la Conferencia Episcopal dejó la comunión a la intemperie, con una decena de pastores oponiéndose a un texto que sacaba a Dios de su normativa, por más que hacía un claro guiño a la Iglesia, incluyéndola en su articulado.
Afortunadamente, la mayoría episcopal (60 síes frente a 10 noes y 5 abstenciones) entendió que había que cruzar aquella puerta, aunque chirriase algún gozne, porque la nueva casa no había de tener como objetivo defender la fe ni privilegiar a ninguna confesión, sino garantizar la libertad para todas en un espacio presidido por el bien común.
Se dice poco y se conoce menos, pero aquel consenso político y social fue posible, en parte, gracias a las renuncias de la Iglesia. Y también se incide poco en ello, pero aquella ‘comunión cívica’ se fraguó en el humus cultivado desde los años 60 en la misma Iglesia.
La España que votó la Constitución de 1978 le debe parte de aquel ambiente que admiró al mundo a los jóvenes de la JOC y de la JEC, que ayudaron a incubar la protesta sindical y a los líderes estudiantiles que no solo correrían delante de los ‘grises’, sino que irían moldeando en partidos políticos el espíritu de la democracia.
Por eso, llamar oportunistas hoy a los obispos que defienden el marco constitucional frente al procés catalán, no solo es injusto, sino falso. Más preocupación debería causar el que hoy la Iglesia, ante el revisionismo ciego, se haya convertido en una de las pocas instituciones defensoras de la Constitución.
