La nueva FP, ¿una oportunidad?

– Ante las perspectivas que se nos abren con la nueva Ley de Formación Profesional, ¿debemos considerar el estudio de la autorización en los centros que tradicionalmente no han optado por dicha enseñanza?

– Siempre es oportuno estudiar las enseñanzas que se pueden y deben ofertar por un centro educativo, aunque teniendo en cuenta su estilo educativo, las opciones institucionales, los retos del entorno y la situación económica del mismo. Con estas cuatro variables encima de la mesa, se puede contestar a la pregunta.

“Debemos a toda una generación de jóvenes una oportunidad de empleo de calidad como la que les puede proporcionar la Formación Profesional (FP)”, subrayó la ministra de Educación, Pilar Alegría, al inicio del trámite parlamentario para llegar a la aprobación de la Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional. El texto fue aprobado por el Congreso de los Diputados el 16 de diciembre de 2021, a falta de ser tramitado y aprobado en el Senado, y el Ejecutivo estimaba que entrase en vigor este marzo.

Desde la publicación del proyecto, se ha hablado y escrito mucho sobre la organización, los retos y las claves de la nueva Formación Profesional, tanto para la escuela como para las empresas. Estos dos ámbitos se están preparando para la aplicación de un modelo único, que pretende que “la Formación Profesional se convierta, por un lado, en una potente palanca para la educación y el despliegue de las capacidades de las personas y, por otro, en un poderoso instrumento para la modernización y transformación del modelo productivo, de acuerdo con los requerimientos que trae la nueva economía digital, verde y azul” (Preámbulo).

Uno de los factores clave en este plan de modernización de la FP, ha sido que mientras en España se matricula un 12% de estudiantes en FP, en la OCDE llegan al 30%. Con la nueva ley se pretende elevar considerablemente esta elección a través de cambios reales:

en la mentalidad de las familias,
en los procesos de orientación del alumnado que se realizan en las escuelas;
en la oferta/demanda del mundo laboral y
en el régimen económico para su implantación.

Las familias tendrán que modificar su idea de la FP. Esta nueva ley pretende ser una pieza indispensable en el sistema educativo, por ello cada familia tendrá que confrontar con los educadores las capacidades y potencialidades de sus hijos, y orientarles hacia aquellos estudios en los que puedan realizarse profesionalmente en el futuro.

Unido a esto, el reto de la escuela será, por un lado, estudiar la oferta de cualificación que ofrece la nueva Formación Profesional y, por otro, instaurar un sistema de orientación profesional que tenga en cuenta el estilo de aprendizaje e intereses de cada alumno. La familia y la escuela son responsables de ofrecer oportunidades de formación acordes con las necesidades, capacidades y expectativas de los jóvenes, ya que cualquier modelo económico necesitará de personas competentes y cualificadas profesionalmente.

Corresponsabilidad

Otro de los cambios reales será el de la oferta/demanda en nuestro mercado laboral. La nueva ley otorga un marcado protagonismo a las empresas en los procesos de formación, pero esto tiene que ir unido a la valoración de la cualificación profesional en el momento de la oferta de trabajo. Aumentarán las prácticas en las empresas (25-35 % de la formación), y con ellas se asume la corresponsabilidad en el proceso formativo, así como su implicación en la acreditación de los propios trabajadores.

El otro cambio tendrá que darse en el ámbito económico: se modifica la red de centros para proceder a su complementariedad. En la memoria económica del Gobierno, se prevé un impacto presupuestario para su puesta en marcha en cuatro años, a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y de los distintos fondos para llevar a cabo el Plan de Modernización de la Formación Profesional.

Ojalá, como sociedad que educa, podamos tener las herramientas necesarias para aplicar una ley “que sirva al fortalecimiento y sostenibilidad de la economía, sea capaz de responder con flexibilidad a los intereses, las expectativas y las aspiraciones de cualificación profesional de las personas a lo largo de su vida y a las competencias demandadas por el mundo laboral” (Preámbulo).