“Había oído algo”. Así se refirió Philippe Barbarin, durante su comparecencia ante el tribunal de Lyon, al caso por abusos cometido por un sacerdote y por el que, finalmente, ha sido condenado por encubrimiento el arzobispo francés. El mismo día que conoció la sentencia, anunció que presentaría la renuncia al Papa. No por la condena, sino por el caso en sí, por los abusos, porque era necesario un cambio en las actitudes, según confesó a su obispo auxiliar.
El purpurado, de 68 años, había tomado tal decisión quince días antes del veredicto. Un último gesto de dignidad cuando, con George Pell, son dos cardenales condenados por lo civil en diez días. Y si algo queda claro en ambos casos es que la eficacia de los procesos canónicos brilló por su ausencia, a veces literalmente.
Esa será la siguiente prueba del algodón en esta pesadilla: la confrontación entre los procesos civiles y los eclesiásticos, cuando el veredicto de uno contradiga el del otro. El invocado miedo al escándalo ha sembrado de minas un terreno que debiera estar inmaculado.
No tiene duda Francisco de que la Iglesia ha de llevar a cualquiera de sus miembros que haya cometido esos crímenes ante la justicia, ni de que no hay lugar en ella para el encubrimiento. ¿Y qué pasará con quienes han mirado para otro lado, con quienes han dirigido investigaciones canónicas que han sido contradichas por sentencias civiles? Hasta que Pell no fue sentenciado, Doctrina de la Fe no tomó cartas en el asunto…
En España está pendiente el recurso del caso Gaztelueta, donde un profesor fue condenado a 11 años de prisión cuando un cuestionado proceso canónico no halló “elementos”. ¿Qué hará la Iglesia si sale absuelto? ¿Y si se ratifica la condena? ¿Quién pagará el descrédito? A esas alturas, Barbarin ya había anunciado su decisión de renunciar…
