Un robo es más grave si lo comete un policía y no un asaltante callejero. El ciudadano común sabe que es un deber del policía protegerlo y por eso deposita su confianza en él.
Por eso es lógico que haya más alarma por el abuso sexual de un sacerdote contra un niño a pesar de los 7.440 casos de abuso que han llegado al ICBF. En el caso de este sacerdote se suman al daño el escándalo, la destrucción de la confianza en este y en todos los sacerdotes y en una institución de servicio a toda la población. Al multiplicarse este delito es obvio que se haya convertido en el gran obstáculo para el cumplimiento de la misión de la Iglesia.
Frente a este, todos los demás obstáculos para la acción de la Iglesia parecen menores. ¿En qué credibilidad puede apoyarse, por ejemplo, la Iglesia en Australia, en donde se investigan 4.444 casos de abuso? El suyo es solo uno de los escándalos parecidos que explotan en el mundo.
Una muestra y demostración de la magnitud que ha alcanzado este fenómeno apareció en Religión Digital del 15 de febrero pasado, que registró los siguientes hechos: “Una cuarta víctima de Kruz Mendizábal denuncia abusos”, “El profesor acusado de abusos en el caso Gaztebrata se niega a declarar ante el juez”, “El Sodalicio denuncia que Fijari y 3 colaboradores abusaron sexualmente de al menos 40 víctimas”; “Miguel Rosendo escribe al Papa desde la cárcel: ‘Santidad, soy inocente y ruego su bendición” (está procesado por 26 delitos sexuales).
Complementan estas informaciones las que anuncian la acción de la Iglesia para contener los abusos: “El Papa actuará con severidad extrema contra obispos encubridores”, “El Papa, tajante en su condena contra pederastas”. Consciente de las prácticas de encubrimiento y de silencio que se mantuvieron en la Iglesia con el argumento de que así se evitaban escándalos dañinos para el buen nombre de la institución, ha confirmado y aplicado las medidas de tolerancia cero de Benedicto XVI con el castigo canónico para los obispos encubridores y ha creado una comisión encargada de la sanción de estos abusos. No es solo coincidencia que esta comisión esté operando en la Congregación para la Doctrina de la Fe.
“La acusación por abusos sexuales se ha convertido en un próspero negocio de abogados”
Esta comisión envió a uno de sus expertos a Colombia, durante la reciente asamblea del episcopado, para dictar un taller sobre las normas de procedimiento cuando un sacerdote es acusado de abuso. Al mismo tiempo, en los seminarios se ha impuesto una severa vigilancia para la admisión de nuevos candidatos al sacerdocio.
Dentro de ese ambiente de alerta roja, resultan tan evidentes los errores del abogado de la curia de Cali, que, en vez de aceptar el delito del sacerdote por el abuso sexual contra unos niños, quiso hacer creer que los propios niños o sus padres eran los responsables. El argumento pretendía restarle fuerza a la exigencia de la familia para que se le dieran, como reparación, más de nueve mil millones de pesos.
Este hecho puso en evidencia otro aspecto de los abusos. Siguiendo la práctica que perfeccionaron los abogados de Estados Unidos, la acusación por abusos sexuales se ha convertido en un próspero negocio de abogados. En Australia los obispos han pagado 200 millones de euros y sumas parecidas han pagado los obispos en Estados Unidos en un proceso en que la pérdida económica es lo de menos. Se ha abierto una peligrosa puerta en que, con tal de ganar dinero, se acusa y procesa, entre clérigos culpables, a sacerdotes inocentes que, aunque luego demuestren su inocencia, tendrán que cargar de por vida con el estigma de haber sido acusados.
Los nueve mil millones exigidos, 8 años después, por la familia ofendida en Cali, dan una idea de las expectativas que estimulan los abogados interesados en obtener la más alta ganancia posible. En esa puja económica queda en segundo lugar el daño que el abuso ha dejado en las víctimas, en la familia, en la sociedad y en la Iglesia. Que es mucho más que el linchamiento mediático contra el arzobispo.
