Quizás llegue el día en que, para ahondar en su radicalidad evangélica, la Iglesia coja una gran bocanada de aire y lo exhale con cuidado mientras pronuncia un “renunciamos a cualquier tipo de ayuda económica que proceda de los poderes públicos”. Probablemente la vida de muchos de sus miembros se resentiría en primera instancia, pero a la institución, la desnudez del lirio le sentaría muy bien frente al amodorramiento.
La intención no es nueva, aunque rápidamente sea arrinconada. En aquellos primeros burbujeantes momentos del posconcilio en España, unos 700 curas pidieron a sus obispos renunciar al sueldo estatal porque sentían que coartaba su libertad de expresión frente a un régimen que les prefería domesticados, e intuían que, además, aquel dinero les separaba de su pueblo, que veía en ellos a unos funcionarios más.
De alguna manera, hoy sigue pasando lo mismo. Por eso es tan importante la autofinanciación. Pero, estando en igualdad de condiciones con otras instancias que disfrutan también de apoyo público, es decir, de todos los ciudadanos –no de una determinada formación política, como si fuese ella quien la pagase euro a euro–, aburren las reiteradas amenazas de acabar con los “privilegios” eclesiales en forma de exenciones.
Hay algo iniciático en esos mantras populistas, que exhalan una testosterona anticlerical que no se registra en otros ámbitos.
Pongo por caso, el del fútbol. ¿Quién le pone el cascabel a la deuda millonaria de los clubes de fútbol con la Seguridad Social y con Hacienda? ¿Quién critica las operaciones urbanísticas de las que salen pelotazos económicos que acaban pasando factura a las arcas públicas? ¿Cómo vendemos que se destinen instalaciones deportivas públicas para el uso de esas sociedades anónimas? ¿Qué ayuntamientos ni se han sonrojado tras haber pagado íntegramente el estadio del equipo de fútbol local pese a que el club presenta beneficios millonarios? Por más devotos que tenga, la nueva religión tampoco sale gratis.
Publicado en el número 3.026 de Vida Nueva. Ver sumario
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