La primera vez que vi menores armados, fue en El Salvador en una foto de mi madre con sus alumnos que portaban fusiles (algunos le ganaban a su estatura), corrían los años 80’s, eran parte de su clase de la secundaria, era época de guerra. Luego me tocó ver adolescentes y jóvenes armados que eran parte de las pandillas en El Salvador, ya no era época de guerra, pero si de una gran espiral de violencia. En años pasados, también vi menores armados, muy lejos de El Salvador. Eran comunidades de México, tierra donde se libran múltiples conflictos territoriales por la disputa de grupos armados dedicados a diversos ilícitos.
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En días pasados, más personas los vieron. En múltiples medios de comunicación aparecieron varias imágenes y notas periodísticas que, en la zona de Chilapa, 19 niños, de entre 6 y 15 años, desfilaban uniformados y portando escopetas. Hecho que provocó diversas reacciones, desde indignación, frustración, hasta escándalo e impotencia. Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) de Chilapa marcharon junto a estos niños, algunos huérfanos por la violencia propia de la zona, y desde su punto de vista, lo hacen para exigir la detención del líder de un grupo delictivo que opera en la zona y que desde hace más de 2 años ha cometido asesinatos de indígenas de la zona de Chilapa, entre ellos los padres de estos inocentes niños y los 10 músicos asesinados en semanas pasadas.
Este tema ha sido regulado desde el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Vale la pena aclarar, que por ahora no es un marco vigente en México puesto que no se reconoce por parte del Gobierno la existencia de un conflicto armado ni interno, ni internacional. El DIH estipula una protección general al niño y a la niña en situación de conflicto armado por ser personas civiles que no participan en las hostilidades. Asimismo, el DIH brinda una protección especial por su edad y su particular vulnerabilidad. En este marco, la persona menor de 18 años no debe ser reclutada por las fuerzas armadas o por los grupos armados, y tampoco debe participar en ningún acto hostil. Desde la práctica de la aplicabilidad del derecho internacional, de acuerdo con Paola Diana Reyes [1], “se han identificado seis tipos de delitos que son considerado como crímenes de guerra: el asesinato o la mutilación de niños/as; el reclutamiento y la utilización de niños/as soldados; los ataques contra escuelas y hospitales; la denegación de acceso a la asistencia humanitaria para los niños/as; el secuestro de niños/as; y la violación de niños/as y su sometimiento a otros actos de violencia sexual”. ¿Qué tan cerca está México de algunas de estos escenarios, que son propiamente los de una guerra?
“Our #DrawTheLine Campaign”. Imagen: War Child, 2019.
Bajando al ámbito interno del derecho, en México se publicó en 2014 la “Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes” que en su Artículo 46 estipula que “Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad”. En seguida el Artículo 47 de la misma ley refiere que:
“Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por… La incitación o coacción para que participen en la comisión de delitos o en asociaciones delictuosas, en conflictos armados o en cualquier otra actividad que impida su desarrollo integral”.
Vemos entonces que el involucramiento de niñas y niños en conflictos que ponen en riesgo su vida es un tema que tiene implicaciones legales. Algunos niños se sienten obligados a portar armas por su propia protección y sobrevivencia ante la violencia y la hostilidad que los rodean. En el caso de México sus familias podrían considerar que están más seguros si tienen un arma en la mano. El riesgo es que esos niños y niñas a menudo se incorporen formalmente a las actividades de grupos armados y suelen ser vulnerables para cometer por presión ciertos delitos, cancelando sus posibilidades de desarrollar una trayectoria educativa que les permita incrementar su calidad de vida.
Independientemente si vemos el fenómeno de lejos y de cerca, el llamado desde nuestra fe es a ser coherentes. Nos indigna ver niños uniformados con armas, pero somos violentos en nuestros hogares; secundamos y celebramos la violencia en el juego, pero no queremos ver que una niña o un niño se convierta en homicida; somos indolentes con la ola de homicidios y actuamos con tibieza al exigir justicia. Es probable que como sociedad también estigmaticemos a las víctimas: “andaban en algo”. Está claro que el Estado tiene una obligación y en muchos casos está ausente, la familia como primer círculo de socialización también la tiene; y a nosotros como comunidad de fe, la Buena Noticia de Jesús nos exhorta promover la coherencia en lo que creemos, a hacer visible el rostro del Dios invisible con nuestros hermanos, a buscar un mejor camino para toda nuestra niñez siendo coherentes en todos los ámbitos de nuestra vida.
[1] Los niños y las niñas como víctimas en los conflictos armados: participación en las hostilidades; Revista Latinoamericana de Derechos Humanos. Volumen 24 (1-2), I-II Semestre 2013, p.41
