“Hay obispos que saben de casos de pederastia, pero que han evitado que saliesen a la luz. Hay diócesis que no dan toda la información que se requiere. Hay obispos que ofrecen dinero a cambio de silencio o que engañan, con promesas que incumplen, a las víctimas”
En junio hará dos años que Vida Nueva publicó esas afirmaciones dentro de una amplia información sobre los abusos en España. Era la punta del iceberg de una situación que, sostenían algunos, nunca se daría en nuestro país y la difusión en esta revista les heló la sangre. Atrevido, exagerado, dañino… fueron algunos calificativos que cosechó aquel reportaje. El tiempo ha ratificado aquellas denuncias.
Denuncias que tuvieron que ser hechas en buena parte ofreciendo el anonimato a las fuentes: canonistas de prestigio, sacerdotes, algún que otro obispo accedieron bajo esa condición a hablar de algo que empezaba apenas a inquietar. Solo un cura, Gil José Sáez, vicario judicial de Cartagena, se atrevió a dar la cara. A su obispo, otros pastores le pidieron que lo atase en corto, que estaba haciendo un gran mal a la Iglesia. Su obispo aguantó el tirón y mantuvo el tipo por su sacerdote.
Lo recuerdo ahora, recién aprobado el motu proprio Vos estis lux mundi, en donde Francisco pone negro sobre blanco las concreciones de las reflexiones nacidas al amparo de la cumbre antipederastia, que, con los presidentes de las conferencias episcopales del mundo y varios expertos, celebró en febrero en el Vaticano.
A la luz de este protocolo, el primer párrafo de este escrito sería un compendio de delitos, porque todos esos males están ahora tipificados. Y sus autores serían unos delincuentes. Han transcurrido solo dos años. ¿De verdad la Iglesia no está haciendo nada contra los abusos?
