Estamos a pocos días de un nuevo aniversario del caso Ayotzinapa, aquella noche del 26 de septiembre de 2014 fue un punto de quiebre que desató la indignación al interior y más allá de las fronteras. Tras la presencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIE) en México debido a la presión por saber lo ocurrido, la investigación de los expertos concluye que no hubo un incendio en el basurero del municipio de Cocula, contiguo a Iguala. Lo que ocurrió el 26 y 27 de septiembre en Iguala, de acuerdo a la investigación del GIE, fue un ataque masivo y coordinado contra los normalistas rurales de Ayotzinapa, que produjo 180 víctimas directas, seis ejecutados, 40 heridos, 43 desaparecidos: 700 familiares impactados directamente.
Recuerdo estar precisamente en Guatemala aquel 26 de septiembre y empezar a ver las primeras noticias desconcertantes de la situación. Justamente Guatemala, país de nuevos y viejos desaparecidos, no dejaron de venirme a la mente las analogías más inmediatas y también los contrastes. Algunos de los registros “viejos” (de la época de la Guerra), indica que las personas desaparecidas en Guatemala habían tenido generalmente un rol de activismo, protesta e insurgencia en los momentos de conflicto. En el caso guatemalteco autores como Carlos Figueroa Ibarra (1999) explican que la cronología y geografía de la desaparición forzada nos llevan a comprobar para el caso guatemalteco, la regularidad que postula que en aquellos momentos y lugares en los que las relaciones sociales llegan a sus puntos más altos de conflictividad, la violencia adquirirá la mayor de las intensidades y crudezas. Si en estas relaciones sociales que generan el conflicto y por tanto la violencia, se encuentra involucrado el Estado en tanto reproductor de las mismas, también es fácil pensar que desencadenará una violencia que en términos generales, tendrá una relación directamente proporcional al grado de desafío que le presenten las fuerzas que quieren cambiar dichas relaciones.
“La desaparición” de los 43, una práctica con más de 40 años
Pero en México, a diferencia de Guatemala aquel 26 de septiembre de 2014 no teníamos oficialmente una guerra, vivíamos con altos y bajos la democracia y la alternancia. Pero en realidad “la desaparición” de los 43 nos hizo darnos cuenta que ésta era una práctica que llevaba más de 40 años en nuestro país. México ha vivido niveles de violencia y conflictividad que no son recientes, las formas de ejercer el poder en México es que se criminaliza la protesta, se acumula la tensión, explota la violencia y se aniquila al enemigo. Guerrero por ejemplo, resulta un estado donde el clientelismo político fue un fenómeno frecuente, también acrecentándose el abandono de infraestructura pública y también se tienen casos conocidos de desaparición de líderes rurales que representaron una amenaza para los grupos en el poder. También se registra el surgimiento de las autodefensas como una forma de limitar, resistir, coexistir ante el avance de otros actores de la violencia como el crimen organizado.
Recuerdo que en los días posteriores al 26 de septiembre, las reacciones y sospechas fueron múltiples, como suele ocurrir en estos casos “seguro andaba en algo”, esta criminalización de las personas desaparecidas es en principio una pena doble para los familiares. Aunado a este padecer, para quienes van en búsqueda de un ser querido resulta escalofriante la incertidumbre e indefinición de un sistema de búsqueda paralizado, rebasado y sin herramientas. ¿Cuántos son? no se sabe a ciencia cierta cuántos, todos los registros son “sub registros” y ninguno ofrece una cifra confiable. Se escucha “Veracruz, Chihuahua, Jalisco” cada vez más estados se convierten en cementerio.
El fenómeno de la desaparición en México, no está ni cercano a ser comprendido. Los expedientes siempre nos llevan a las regiones más vulnerables, en zonas marginales y de alta conflictividad social, en donde usualmente se ha sabido de los favores pero no de los derechos. En aquellas tierras de algunos otros que se configuran ante el despojo de los muchos que se resisten. Esos otros que para huir de las amenazas están dispuestos a convertirse en migrantes, desplazados internos, defensoras y defensores de los derechos humanos, algunas veces organizándose u otras alzando su voz desesperada de clamor por quienes les fueron arrebatados. Todos los espacios que las diócesis a través de las distintas iniciativas han abierto para escuchar, acompañar y caminar al lado de quienes esperan por largos días y noches a sus seres queridos, son una luz de esperanza que debemos mantener. Sus voces se escuchan en el silencio, el clamor de su anonimato nos insiste en impulsar la búsqueda de justicia. En este país, como Iglesia debemos hacer esto y más en los años venideros: preservar la memoria a la luz de la fe es una expresión de nuestra vocación profética.
