Como indicábamos la semana pasada, nuestros gobiernos que, al menos en teoría, persiguen el bien común, deberían garantizar que los denominados bienes de justicia llegasen a toda la población. Eso significa que tienen que estar al mismo nivel los económicos que los políticos y civiles y que no se deberían descuidar unos para alcanzar los otros. Sin embargo, en nuestra sociedad economicista, con frecuencia se priorizan aquellos bienes que tienen un componente económico sobre las libertades políticas y civiles.
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Esto tiene un origen teórico en los años noventa del pasado siglo en los que un autor como Robert J. Barro, decía en su libro “El poder del razonamiento económico” (1997:29) que “Los países occidentales industrializados ayudarían más a los países pobres exportándoles sus sistemas económicos, en especial el libre mercado y los derechos de propiedad, que exportando sus sistemas políticos”.
En esta afirmación se sintetizaban dos creencias combinadas. La primera es que lo primordial es lo económico, el bienestar de las personas y las sociedades, el crecimiento económico. Por ello, lo importante es lograr esos bienes de justicia que podemos calificar de económicos y no los sociales y civiles. La segunda es que el incremento de la renta per cápita hace que estos últimos lleguen como consecuencia de los anteriores. Es decir, que si somos más ricos entre todos, esto conlleva necesariamente que vamos a reclamar sistemas democráticos para gestionarnos.
Si analizamos la primera creencia es, precisamente, la que lleva el economicismo en su seno. Tener más es lo principal, satisfacer no solo las necesidades básicas sino lograr cubrir el mayor número de deseos económicos posible, es el objetivo principal de nuestras sociedades. Esto hace que se de preponderancia a los bienes de justicia económicos frente a los políticos y civiles
Un régimen sin libertades
Esto es, precisamente, lo que defienden algunos regímenes totalitarios, que consiguen mayores tasas de crecimiento económico gracias a su manera de funcionar, aunque no se reconozcan determinadas libertades políticas y civiles. Aunque Robert J. Barro ya defendía esto cuando afirmaba que el auto-golpe contra las libertades democráticas de Alberto Fujimori en Perú fue positivo porque trajo estabilidad y crecimiento económico al país, es la dictadura china en estos momentos la que, a través de sus políticas, defiende un régimen sin libertades que proporciona un elevado bienestar a sus habitantes como la manera más adecuada de gestionar un país.
Entramos en la paradoja de que, si bien, para una vida plena necesitamos una serie de bienes económicos sin los cuales es difícil mantenerla, si centramos toda la organización social en estos sacrificando los otros bienes de justicia, difícilmente conseguiremos las condiciones necesarias para alcanzar esa vida plena.
