– En los últimos años, cada curso escolar la Consejería de Educación nos suprime una unidad concertada. Ahora, al ser un centro de una línea, estamos abocados a la supresión total. ¿Como entidad titular, puedo solicitar la renuncia a las escasas unidades que nos quedan?
– Legalmente sí, la entidad titular puede solicitar el cese de actividad. Pero tendrá que tener en cuenta las consecuencias de dicha petición.
Es un hecho que, en los últimos años, cada Comunidad Autónoma, atendiendo a las matriculaciones, propone la modificación de los conciertos educativos, suprimiendo aquellas unidades que no alcanzan la ratio mínima de alumnado; en la mayoría de los casos, lo hace sin tener en cuenta nada más que la disponibilidad presupuestaria. Esto conlleva la desaparición de puestos de trabajo y la correspondiente disminución de la partida de gastos de funcionamiento, aumentando de esta manera el coste real de déficit. Esto también incide en el alumnado, ya que afecta al número de horas disponibles para atender de una manera más individualizada a los estudiantes. Así, puede entenderse que cuando un colegio se enfrenta cada año a la desaparición de una unidad, y sufre una “muerte lenta”, la entidad titular se puede plantear la supresión total.
Según el artículo 116.4 de la LOE, corresponde a cada Comunidad Autónoma dictar las normas necesarias para el desarrollo del régimen de conciertos educativos. En dicho concierto se establecen los derechos y obligaciones recíprocas en cuanto a régimen económico, duración, prórroga y extinción del mismo. Por tanto, es cada Comunidad la que decide el aumento o la supresión. En este último caso, en función del número de profesores afectados, la administración educativa puede alcanzar acuerdos con las organizaciones empresariales y sindicales para mantener el empleo; sin embargo, en este acuerdo puede quedar excluido el supuesto de cese de actividad, renuncia o disminución de unidades solicitadas por la titularidad. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de pensar en el futuro del colegio; en este caso, será el propio colegio el que se dirija a su administración educativa y pacte las medidas adecuadas.
Hay que seguir luchando por un presupuesto justo para la escuela concertada, en el que prevalezcan los valores educativos sobre los económicos, ya que la educación de calidad requiere de la aportación económica necesaria para atender a cada alumno y familia como se merecen. Es una pena que, cuando se acerca la fecha de admisiones, algunos colegios estén más preocupados en la captación de alumnado que en su función educativa, y cuando esta es insuficiente, el centro parece tambalearse: el profesorado ve peligrar su puesto de trabajo, las familias ven recortado su derecho a elegir libremente el colegio para sus hijos y la entidad titular ve limitada su aportación para mantener el centro educativo y tiene que replantearse su gestión y presencia.
Cada titularidad puede y debe preguntarse: ¿mi centro educativo satisface necesidades de escolarización?, ¿atiendo a todo tipo de alumnado?, ¿estoy realizando la labor social que me corresponde?, ¿genero puestos de trabajo?, ¿impulso medidas orientadas a potenciar la calidad educativa? Si la respuesta es positiva, habrá que continuar exigiendo la dotación económica necesaria para el mantenimiento de centros que muchas familias eligen desde la libertad que se les otorga en la Constitución. Si no es posible la viabilidad económica, habrá que iniciar un proceso de búsqueda de las mejores condiciones para todos los destinatarios de la actividad educativa.
El dato
Cada curso escolar, se siente amenazado el 28% del sistema educativo que supone la escuela concertada.
Puede enviar sus preguntas a: asesorlegal@vidanueva.es
Un servicio ofrecido por:
