La nota verbal
En estos días, el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, ha confirmado a los medios que la Secretaría de Estado había enviado una nota verbal –un escrito oficial, por lo tanto– de protesta a la Embajada de Francia ante la Santa Sede sobre un proceso en el que han implicado al cardenal Marc Ouellet. El origen de la polémica está en la condena hecha por un tribunal de Lorient sobre los flecos de un proceso de una visita apostólica a un instituto religioso femenino.
- WHATSAPP: Sigue nuestro canal para recibir gratis la mejor información
- PODCAST: Compromiso infinito con los ‘indignos’
- Regístrate en el boletín gratuito y recibe un avance de los contenidos
Bruni señala que el Vaticano se ha enterado de esta condena “solo por la prensa” y que el propio purpurado “nunca ha recibido ninguna citación del tribunal de Lorient”. Se trata para el portavoz de “un litigio civil relativo a la dimisión de un instituto religioso de la Sra. Sabine de la Valette (antes Sor Marie Ferréol)”. Esta hermana formaba parte del Instituto de las Hermanas Dominicas del Espíritu Santo –“Dominicaines du Saint Esprit”, en el original francés–, al que el cardenal Ouellet “realizó efectivamente una visita apostólica” por “mandato pontificio”. La Oficina de Prensa explica que “al término de dicha visita, se adoptaron una serie de medidas canónicas contra la Sra. Sabine de la Valette, incluida su dimisión del instituto religioso”.
El hecho de que la revisión de una dimisión de una religiosa –y aquí viene la protesta– sea recusada por una “eventual sentencia” en este caso de un tribunal de la Bretaña “podría plantear no sólo cuestiones relevantes relativas a la inmunidad, sino que, si se hubiera pronunciado sobre la disciplina interna y la pertenencia a un instituto religioso, podría haber dado lugar a una grave violación de los derechos fundamentales a la libertad religiosa y a la libertad de asociación de los fieles católicos”. Y es que la medida canónica aplicada era sobre una cuestión de disciplina interna, a lo que se suma el estatus diplomático del que gozan internacionalmente, de entrada, todos los cardenales.
La sentencia
Todo esto viene después de que se hiciera público hace una semana esta sentencia que declara que “el cardenal Ouellet ha cometido un abuso de derecho y una falta de imparcialidad” en su tarea de visitador apostólico. Junto a sus dos colegas en la tarea –Jean-Charles Nault y Maylis Desjobert, un abad y una abadesa de conventos locales– y comunidad dominica de Pontallec han sido condenados a pagar conjuntamente 182.000 euros por daños materiales y otros 10.000 por daños morales a la religiosa antes mencionada. Además de una compensación de 33.622 euros por no cumplir con su deber de auxilio en el momento de la expulsión.
Los hechos, como contaba Vida Nueva, se remontan a octubre de 2020, cuando Marie Férreol fue expulsada de la noche a la mañana (literalmente) de la comunidad de Pontcallec, a la que pertenecía desde hacía 34 años, por su “mal carácter”. Primero por un período de tres años y, finalmente, de un modo definitivo. Desde entonces, Férreol siempre denunció que las instituciones eclesiales la dejaron en una situación de “desamparo”, no velando nadie para evitar una exclaustración que, se lamentaba, se le había impuesto sin ofrecerle motivo alguno. Especialmente el cardenal Ouellet, entonces prefecto de la Congregación para los Obispos y que fue el último responsable de su salida del convento como visitador.
La razón última es que, en pleno conflicto entre Férreol y su instituto, Ouellet decretó una visita apostólica por parte del Vaticano para investigar el caso, encargando la misma y al que acusa incluso de ser amigo personal de una de las rivales de la monja dentro de las propias dominicas.
