Los gastos
En un artículo del periódico ‘El Mundo’ de estos días, preparando el nuevo curso escolar señalaba que arrancaba esta etapa escolar con 10.839 libros de texto diferentes en el mercado. Las distintas propuestas de las Comunidades Autónomas –y sus respectivas lenguas cooficiales–, la variedad de estándares, proyectos e iniciativas, licencias digitales, exigencias del bilingüismo…
Esta realidad no solo afecta y complica la existencia –y la economía– de las familias, sino también de las editoriales y libreros. En el mismo artículo lo reconocía José Moyano, presidente de la ‘Asociación Nacional de Editores de Libros de Texto’ (Anele), al pedir un poco de orden. “No defendemos la recentralización, sólo pedimos un poco de coherencia”, reclamaba ate variedad que provoca “confusión”, “dispersión” y “desigualdad”. “Hay 17 currículos, 17 sistemas de financiación y 17 normativas distintas. Las actuales políticas de las comunidades autónomas son un factor de disgregación, y no de integración, de los ciudadanos”, añadía.
Esto de los libros solo es uno de los temas que las familias tienen que afrontar con la vuelta a clase. Junto con los libros están los uniformes, la ropa, el material… Una inversión de futuro, la que se hace en la educación de los hijos, que vas allá de unos libros o unos calcetines por encima de las rodillas.
En sentido crítico hablaba el conocido juez de menores de Granada Emilio Calatayud, en su blog en su blog en el periódico regional ‘Ideal’, señalaba que “como todos los años pasados y los que vendrán, los periodistas hacen la suma de lo que cuesta que los niños regresen a las aulas. Y como todos los años pasados y venideros, sale una cuenta abultada: la vuelta al cole es cara, es verdad”, sentencia el juez. Actitud que contrasta con otra incoherencia habitual: “Pero digo yo, sin ánimo de señalar ni irritar a nadie, que más caros son los teléfonos móviles tipo ‘taifon’ o las consolas de juegos y muchos padres se los compran a sus hijos sin quejarse”.
La política
Por otro lado, este curso se presenta movido en lo que se refiere a la defensa de las libertades en el ámbito escolar. El nuevo Ejecutivo de Sánchez ya ha promovido algunos globos sonda respecto a la clase de la religión o la subsistencia de la concertada.
La ministra de Educación, Isabel Celaá, confirmaba hace apenas dos semanas –una vez que transmitió calma al inicio de su mandato– que se eliminará el criterio para la educación concertada vinculado a la demanda social como determinante para la ampliación de plazas de un determinado colegio. Y es que el nuevo Gobierno quiere dejar claro que la educación pública “debe ser el eje vertebrador” del sistema educativo.
Antes, en entrevista y después en el Parlamento, ya había fijado postura sobre la clase de religión, abriendo la confusión entre evaluable y computable de la materia confesional. El Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española, le respondía poco después con una nota: “Las declaraciones de la ministra de Educación sobre la consideración de la educación concertada y la clase de religión, que nos han preocupado profundamente, creemos necesario recordar los derechos a la libertad religiosa y a la educación. Son derechos inalienables de la persona humana, reflejados en nuestra constitución (arts. 16 y 27) y en los tratados internacionales a los que España se ha adherido”, señalaban entonces los obispos españoles.
Y sobre la asignatura de Religión recordaban que “debe tener una consideración adecuada en el sistema educativo. Es necesaria para una formación integral de la persona, según la libre decisión de los padres, y no puede ser sustituida por una ética del Estado impuesta por los poderes públicos”.
Ya vemos, empieza un curso que está lleno de frentes por todo los lados. Mientras, quienes siempre se resientes: los estudiantes.
