– Ante las dificultades que estamos teniendo en el colegio para ser viables económicamente, desde el equipo directivo del centro hemos propuesto a la titularidad y a las familias una aportación voluntaria. ¿Podemos llevar a cabo esta propuesta?
– Sí, siempre y cuando se comunique a las familias que dicha aportación es voluntaria y estas acepten libremente dicha colaboración.
Esta es una cuestión sobre la que se ha escrito mucho, tanto defendiendo esta posibilidad como acusando a los centros de no cumplir la ley. Pero tenemos que ser conscientes de la realidad educativa en nuestro país: hasta ahora, la libertad de enseñanza está reconocida en las leyes educativas; esto conlleva la oferta de centros de distinto ideario y diferente régimen de financiación económica, y son las familias las que deciden dónde educar a sus hijos.
Teniendo en cuenta esto, hay que reconocer que cuando se realiza un análisis exhaustivo de un centro concertado, nos damos cuenta de cuáles son sus necesidades en el ámbito pastoral, pedagógico, organizativo… ámbitos en los que es relativamente fácil priorizar actuaciones para la mejora de la calidad del centro. Pero cuando se llega a la viabilidad económica, resulta más complejo tomar las decisiones adecuadas para mantener un centro de calidad observando la legislación vigente y cuidando la justicia en sus decisiones económicas.
La legislación actual (LOE-LOMCE artículos 82, 116, 117) nos recuerda que el centro que accede al concierto educativo con la Administración tiene una serie de obligaciones en cuanto a no cobrar cuotas por enseñanzas, consideradas gratuitas. Aun teniendo en cuenta esto, el módulo económico que la Administración destina al centro tiene que garantizar que estas enseñanzas se puedan impartir en condiciones de gratuidad.
La viabilidad del centro
Como decimos, al analizar un centro concertado, nos preguntamos: ¿es suficiente la cuantía destinada para asegurar la gratuidad? Es indiscutible que no. Por tanto, la viabilidad del centro peligra, ya que el déficit se va acumulando y llegará un momento en que la situación sea insostenible. Se puede afirmar, entonces, que el estudio del coste real de la enseñanza no está garantizando dicha gratuidad. Y en ese momento, ¿qué decisiones puede tomar el centro?
- Realizar una buena gestión de los ingresos y los gastos, con lo que conlleva de reducción de prestaciones que, de hecho, disminuyen la calidad educativa.
- Una buena organización de actividades y servicios que garantice, como también nos recuerda la legislación, la no lucratividad, pero sí se tienen que sostener por sí mismas económicamente, es decir, no deben aumentar el déficit.
- Pedir a las familias, siempre voluntariamente, su participación en el centro a través de una donación que comporta beneficios fiscales.
Con respecto a esta aportación, tiene que quedar claro que no va dedicada a financiar la enseñanza, sino que debe ser una donación libre y voluntaria con finalidad social.
Es obvio que el mantenimiento del centro concertado no debería depender de estas decisiones, sino de las cuantías reales de los módulos económicos que el Estado dedique en sus Presupuestos Generales para los Centros Concertados. Solo así se podrá garantizar uno de los principios de la educación en España: “La libertad de enseñanza, que reconozca el derecho de los padres, madres y tutores legales a elegir el tipo de educación y el centro para sus hijos, en el marco de los principios constitucionales.” (Art. 1.q LOMCE).
Pero mientras esto sea una discusión política dejando a un lado un pacto educativo, continuaremos discutiendo sobre la necesidad o no de la colaboración de las familias en el mantenimiento de colegios que están al servicio de la sociedad.
La cifra
4,56% es lo que ha subido la aportación del Estado a la red concertada (entre 2007 y 2017), frente al 13% que ha subido el IPC.
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