Sectores de la comunidad católica se preguntan inquietos cuál debe ser el papel de la Iglesia en el controvertido asunto de la ley de amnistía que cursará el poder legislativo próximamente. Estamos ante una cuestión mayor, que puede derivar en una quiebra de legitimidad de la estructura constitucional de las instituciones.
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En realidad, la crisis está instalada en el sistema político desde la gran estafa global de 2008, la cual ocasionó movilizaciones populares en todo el planeta y generó tal experiencia de abandono por parte del gran capital y la política, que ha provocado una extrema polarización. Políticamente, en España supuso el fin del bipartidismo, la emergencia de partidos radicales a ambos lados del hemiciclo (que concentraron más de un tercio de los diputados), el ascenso y hundimiento de un partido de centro-liberal y la mayor crisis secesionista de la democracia.
Lo que está en profunda crisis es la cultura política del país. Y es ahí donde nos encontramos con un enorme vacío, porque la sociedad civil española es una de las más débiles de Occidente, con tan solo un 19% de personas afiliadas a organizaciones ciudadanas. La Iglesia católica es la entidad civil con mayor volumen –y, por tanto, responsabilidad histórica– en la sociedad civil: 18,2% de católicos practicantes y un total del 55,4% de la población que se sigue declarando católica.
Espacios de encuentro
En doce años de crisis profunda de la cultura política, la Iglesia española no ha sido capaz de publicar una carta pastoral sobre la cuestión. Tampoco ha existido un foro sobre cristianos y vida pública suficientemente inclusivo, sino todo lo contrario. Es muy urgente que la Iglesia abra espacios de encuentro, diálogo y creatividad, tanto discretos como públicos, en el ámbito de la cultura política básica, con nuevos métodos de empatía y conversación. Lo más urgente es una respuesta profunda.
