Parecía una medida de sentido común. Sin embargo, no ha sido fácil que el engranaje vaticano asumiera que la lucha contra la pederastia pasaba por acompañar a las víctimas respondiendo a las cartas que enviaban a la Santa Sede.
Bien es cierto que no se trata de un protocolo sencillo, en tanto que conlleva contestar a misivas sobre procesos que se encuentran en plena investigación o que ni tan siquiera se han abierto por la vía penal. Sin embargo, más allá de esta cautela que esto exige, no puede convertirse en un escudo para eludir la cuestión.
Existen variadas fórmulas para responder, acompañar y asesorar a aquel que llama a la puerta de la Iglesia para relatar el calvario vivido tras haber sido vejado por alguien que decía ser su padre, su hermano o su amigo. El mensaje que se lanza solo con el hecho de que estas letras lleguen a su destino es impagable para la víctima: la Iglesia te escucha, está contigo.
La negativa de algunos curiales para respaldar esta iniciativa, entre ellos el que fuera prefecto para la Doctrina de la Fe, Gerhard Müller, llevó a un icono de las víctimas, la irlandesa Marie Collins, a abandonar la Comisión Pontifica para la Protección de Menores.
Su protesta no cayó en saco roto y la situación ha cambiado. Según ha confirmado Vida Nueva, la Santa Sede ya responde personalmente a todas las cartas. Un salto cualitativo que solo es posible si se produce un cambio de mentalidad, en tanto que todos los dicasterios implicados comienzan a ser conscientes de la necesidad de fijar la tutela de los damnificados como algo ineludible, como una deuda.
Este no es el único gesto significativo de esta Comisión Pontificia a la hora de construir una nueva cultura contra los abusos, que aborda también la posibilidad de acabar con el llamado secreto pontificio en algunos casos, lo que permitiría a las víctimas contar con datos claves recabados por las investigaciones canónicas para poder utilizarlos en sus procesos judiciales civiles. La normativa actual no es solo vista desde fuera como una actitud de opacidad de la Iglesia, sino que algunos magistrados llegan a calificarlo de obstrucción a la justicia.
Estas dos significativas propuestas urgen a dar un salto mayor: que este ejercicio de transparencia y acompañamiento cale también en las Iglesias locales, con toda la prudencia que se estime oportuno, para afrontar un asunto tan delicado para todas las partes implicadas, pero sin que suponga ignorar, estigmatizar o criminalizar a quien ha visto golpeada su dignidad. La formación, aderezada con grandes dosis de misericordia, han de vertebrar la activación de estos protocolos, que, en el caso de España, todavía precisan de más calado.
