La lacra de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia se ha convertido en un tsunami imparable. Desde el momento en el que salta un caso a la luz pública, sus consecuencias son letales a corto, medio y largo plazo, tanto para la realidad local que lo sufre como para la credibilidad de la institución en todo el planeta. Máxime cuando no se actúa con la diligencia exigible ante la Justicia, pero sobre todo, para la víctima.
La alarma generada, y el consiguiente alboroto mediático y en la opinión pública, ha devenido en una cultura de la sospecha. De puertas afuera, pero también de puertas adentro. Tanto es así que, llevado al extremo, se llega incluso a ignorar la presunción de inocencia, se puede enmarañar el proceso judicial y se cae en la tentanción de dictar una sentencia popular ajena a los tribunales.
Así queda de manifiesto en la persona de Román Martínez. El que se presentó como el mayor caso de pederastia de la historia de la Iglesia española con la absolución del único acusado. Un viacrucis al que ha dado carpetazo este 12 de julio el Papa al recibir al presbítero y a sus dos compañeros que también fueron acusados. Según ha podido confirmar Vida Nueva, durante el encuentro Francisco les pidió perdón hasta tres veces, dado que él mismo intervino en el caso, telefoneando al denunciante y prometiéndole una investigación interna a fondo. Así lo hizo, y el resultado ha dejado a Román libre de culpa, pero no de cargar con el yugo de la condena social en forma de recelos y desconfianza en su día a día en Granada.
Este caso es una llamada de atención a la opinión pública, pero también a los medios de comunicación, que a partir de elementos con verosimilitud o visos de verdad pueden llegar a construir una realidad paralela. Está claro que trabajar al hilo de la actualidad no es tarea fácil, pero sí exige un ejercicio sereno de responsabilidad como informadores, que pasa por el respeto del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen de los implicados en un proceso judicial, tanto denunciantes como acusados.
Aun así, la Iglesia no puede ni debe aferrarse a estas circunstancias para adoptar una actitud corporativista nociva. La víctima es lo primero y nunca se debe bajar la guardia, teniendo activos todos los protocolos de prevención necesarios y las medidas suficientes para protegerla y abrazarla, presentándose como acusación. En este sentido, la Iglesia debe activar siempre la vía canónica, en tanto que no son pocos los casos que prescriben para la Justicia ordinaria, pero sí pueden abordarlos los tribunales eclesiásticos. Y todo, desde el difícil equilibrio cotidiano entre la tolerancia cero y la tentación de quedarse atrapado por la cultura de la sospecha.
