El Ministerio de Justicia se ha puesto manos a la obra para elaborar un listado de “bienes de dominio público” registrados por la Iglesia desde 1998, a raíz de la Ley Hipotecaria aprobada por el Gobierno de Aznar. Cumple así con una proposición no de ley del PSOE que busca poner luz sobre taquígrafos, dejando caer que podrían haberse apropiado edificios “fraudulentamente”.
Más allá de la caza de brujas que algunos buscan poner en marcha con esta medida, la auditoría estatal permitirá, una vez más, ejercitar la transparencia que debe exigírsele a toda institución. Y es que, para registrar cada una de esas propiedades, ha sido necesario acreditarlo, por lo que ahora basta con cotejar dichos títulos y documentos para derribar cualquier suspicacia. Prueba de ello son los vanos intentos de algunos ayuntamientos de reclamar por vía judicial templos en Córdoba y Zaragoza.
Nada que temer ante este nuevo censo, aunque más le valdría a quienes tienen en el punto de mira el patrimonio de la Iglesia, apreciar que estos bienes históricos y artísticos –que no solo disfrutan todos los ciudadanos y los turistas– revierten en el Estado 32.520 millones de euros, el 2,17% del PIB.
