El 18 de julio, organizaciones católicas –con el respaldo episcopal– se manifestaron en el Capitolio de Washington para clamar contra la política migratoria de Donald Trump. La protesta pacífica se saldó con 70 detenidos, entre ellos, sacerdotes, religiosos y laicos, que pusieron rostro a los cientos de niños extranjeros retenidos en refugios temporales separados de sus padres.
No cabe duda de que la Iglesia de frontera ha dado un paso al frente en valentía y coherencia para denunciar la vulneración de los derechos humanos y visibilizar su compromiso cotidiano de acompañar a las miles de personas que han dejado su tierra para buscar un futuro digno en los Estados Unidos.
La Iglesia no se puede permitir caer en las redes del discurso de aquellos que levantan muros porque rompería de inmediato con el Evangelio del forastero acogido. Pero tampoco puede permanecer en un segundo plano, en un silencio cómplice por temor a que la acusen de entrar en la arena política. Alzar la voz contra una injusticia de este calibre no se trata de una lucha partidista, sino de defender la dignidad del migrante, de los últimos, “de estos, mis hermanos más pequeños”. Sin miedo a las consecuencias.
