El pasado 23 de marzo, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, se reunió a puerta cerrada con Infancia Robada, asociación que aglutina al mayor número de víctimas de abusos de la Iglesia. No es el primero ni será el último encuentro propiciado por el cardenal con los supervivientes de la pederastia, que esta vez trascendió a petición del colectivo.
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La decisión del Episcopado de adoptar un rol proactivo y no reactivo para afrontar esta crisis se manifiesta en la reunión conjunta con las oficinas diocesanas, las congregaciones religiosas y el bufete responsable de la auditoría. También se visibilizará en la audiencia con el Papa del próximo 9 de abril, para ponerle al día del camino emprendido, o en el hecho de no poner límite de tiempo a la hora de investigar los casos del pasado.
Justicia restaurativa
Pero, sobre todo, se concreta en esa escucha demostrada por el purpurado, tanto para acoger y enmendar el dolor causado como para buscar vías alternativas que canalicen las denuncias, tras la desconfianza generada por el despacho de abogados, o abordando en qué terminos se traducirá la justicia restaurativa. Todo sin perder el norte. O mejor dicho, el centro, que son las propias víctimas.
