La Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) han dado un paso al frente en comunión más que significativo para sacar adelante un plan de reparación integral para casos prescritos o cuyo abusador haya fallecido. A través de esta hoja de ruta, la Iglesia va más allá de la justicia civil y canónica, desde la obligación moral de que ninguna víctima, además de recibir un perdón sincero, se quede sin una indemnización económica, terapia psicológica o atención espiritual que pueda paliar, al menos en parte, las heridas generadas.
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Para ello, se ha creado una comisión de juristas, psiquiatras y psicólogos que evaluará caso por caso. Los obispos y los religiosos han disipado el temor que sobrevolaba sobre la ejecución de los futuros dictámenes. La imposibilidad de que ninguna de las dos conferencias pueda imponer medidas coercitivas a diócesis y congregaciones para que cumplan su resolución, se ha solventado con un compromiso de palabra para hacer frente al pago si un obispo o un superior mayor no acepta la resolución.
Por otro lado, hubiera sido deseable la presencia con voz y voto en la comisión evaluadora de una asociación con experiencia en acompañar a víctimas. Si embargo, el equipo de expertos podría solventar esta laguna a través de su reglamento interno, todavía por desarrollar.
En cualquier caso, la puesta en marcha de este plan habría resultado inimaginable hace unos años. La conciencia de rendir cuentas con el pasado y apostar por la prevención en el futuro va calando en el seno de la Iglesia, que, desde su debilidad y errores, está tomando las riendas de esta lacra.
Miradas electoralistas
Por eso, no se entiende la declaración de guerra a la desesperada lanzada días antes de la aprobación de este proyecto por parte del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que ha intentado deslegitimar a la Iglesia con unas cartas amenazantes al presidente de los obispos, Luis Argüello, e improvisando una reunión ‘in extremis’ con las víctimas. Un quiebro incomprensible, cuando desde abril no se tiene noticia alguna del plan antiabusos que presentó Moncloa ni se ha escuchado al Defensor del Pueblo en el Parlamento, algo que sí han hecho obispos y religiosos.
Bienvenida sea toda colaboración, sugerencia, apercibimiento y supervisión de los poderes públicos, siempre que nazca de la lealtad. Eso sí, no es de recibo caer en miradas electoralistas que busquen presentar a una institución como un enemigo público buscando un rédito electoral mientras se disfraza de justicia. Porque aquí no se trata de respetar a la Iglesia, sino de respetar a las víctimas. Con los abusos no se juega.
