El presidente del Centro para la Protección de Menores auspicidado por el Vaticano, Hans Zöllner, alertaba hace unos días de que “el Episcopado español debe empeñarse con mucha fuerza y convicción en esta lucha, porque, como hemos visto en otros países, si no estamos trabajando proactivamente, llegará un punto en que saldrán casos, y no estaremos preparados”. Una advertencia en toda regla del mayor experto de la Santa Sede en la guerra contra la pederastia.
Si bien es cierto que hasta la fecha todos los casos que han salido a la luz pública han sido gestionados con más o menos solvencia por parte de las Iglesias locales implicadas, resulta llamativo que solo dos diócesis españolas cuenten con un servicio integral para víctimas.
Todos los esfuerzos serán pocos en este sentido, teniendo en cuenta la gravedad de los crímenes que se abordan, la contestación social y la enérgica llamada del Papa en su Carta al Pueblo de Dios para lograr una transformación eclesial y social que borre del mapa todo abuso sexual, de poder y de conciencia. El aviso está dado, por lo que no está de más revisar los protocolos activos y recursos destinados.
