Dentro de las proclamas al aire lanzadas de forma periódica por el Gobierno, la vicepresidenta Carmen Calvo ha dejado caer tras su visita al secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, el empeño de reformar el régimen fiscal de la Iglesia para establecer un modelo a la italiana, por el que solo estaría exenta de pagar impuestos por aquellos edificios destinados exclusivamente al culto. Una vez más, estamos ante un anuncio realizado sin contar con la principal parte interesada, pero, sobre todo, que se realiza sin conocer con detalle el marco en el que hoy por hoy se mueve la Iglesia, que no es otro que el mismo al que están sometidas todas las entidades sin ánimo de lucro, sean partidos políticos, sindicatos, ONG y fundaciones.
Bastaría con que el Ejecutivo de Pedro Sánchez hubiera realizado un primer acercamiento para conocer a fondo tanto el IBI español como el IMU italiano para darse cuenta de que no es extrapolable. Pero quizá eso, a estas alturas sea lo de menos, dentro de la práctica nada saludable para el juego democrático de Moncloa de jugar a gobernanar mediante la técnica del globo sonda, que ya le ha jugado más de una mala pasada, y no solo con la Iglesia.
