Durante cuatro días, Roma ha acogido el encuentro sobre protección de menores en la Iglesia. La propia convocatoria de esta cumbre ya supone un hito, en tanto que por primera vez en la historia se congregaba, en un mismo foro, a los presidentes de todos los episcopados, así como a los representantes de la vida religiosa femenina y masculina del planeta.
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A la luz de lo visto y oído en el Aula Pablo VI, los panelistas expusieron sin paños calientes las debilidades de la Iglesia, desde el encubrimiento y el silencio cómplice con los abusadores a la sospecha hacia las víctimas. Pero, a la vez, cada intervención estuvo cargada de proactividad con medidas, en muchos casos, de inmediata y fácil aplicación. En esta misma línea, el Papa siguió adelante con su cruzada antipederastia, pidiendo una y otra vez perdón –nunca será suficiente–, pero, sobre todo, marcando los 21 puntos de reflexión iniciales y a través de los ocho desafíos de su discurso final.
Con esta batería de iniciativas, ya no caben excusas. A la Santa Sede le corresponde ejercer de impulsora y centinela que evalúe el programa lanzado, redefina el secreto pontificio e incremente los recursos para garantizar la eficacia y celeridad de los procesos canónicos.
Pero la pelota está en el tejado de las comunidades locales. En la eucaristía de envío, el presidente del Episcopado australiano, Mark Coleridge, enfatizó la urgencia de una revolución copernicana donde la Iglesia deje de ser el eje para que las víctimas se sitúen en el epicentro. Lamentablemente, cada vez que una de ellas grita a través de un medio de comunicación es reflejo de que dentro, en la Iglesia, algo –o mucho– no funciona, sea por falta de protocolos, ignorancia, miedo o por un deliberado ejercicio de preservar la reputación. Porque la víctima no es el enemigo. Ni los periodistas. El enemigo sigue dentro.
Hoy la Iglesia ha entrado en tiempo de descuento. No se trata de tomar medidas en caliente, entre otras cosas porque el discernimiento ya se ha hecho a escala global y hay unos cuantos episcopados que llevan la delantera en rendir cuentas del pasado y preparar la prevención para el futuro.
El examen de conciencia que entonó el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Ricardo Blázquez, resultó tan directo e interpelador como sencillo de responder y, por tanto, de provocar un inmediato propósito de enmienda.
Es el momento de trabajar a una sola voz implicando a todo el pueblo de Dios, a través de campañas de sensibilización de adultos y de formación catequética para niños, que no deja de ser una forma de anunciar el kerygma.
Para lograrlo, no convendría demorarse en convocar una Plenaria de obispos o una Asamblea General de CONFER extraordinarias a imagen y semejanza de la cumbre vaticana, o que prelados y superiores generales reciban la formación básica de la Universidad Gregoriana. No vale justificarse en que la maquinaria eclesial es lenta, y menos en el mantra de que ninguno de los dos organismos tienen potestad sobre las diócesis o congregaciones que la aglutinan. Si no se tiene, no hay óbice para dotarse de ella si se quiere erradicar esta lacra. Flaco favor se haría a la comunión si no se trabaja de forma coordinada, como sí se hace en materia económica.
Tampoco tendría sentido perderse en reuniones, pero sí activar una oficina nacional de atención y escucha a las víctimas, en vez de multiplicar las ventanillas de atención; aceptar con humildad que urge reconfigurar la comisión episcopal creada, en aras de una mayor credibilidad de la misma y de su funcionamiento; y poner en marcha una auditoría independiente que analice la magnitud del problema en las últimas décadas, tal y como explicitó el cardenal Marx. Solo así se podrá corroborar su alcance, y será la Iglesia quien dé cifras y no otros quienes se las echen en cara. Por no hablar de la urgencia de un plan de comunicación que contemple salir a la búsqueda de víctimas. La cuenta atrás ha comenzado hace tiempo y todavía hoy se precisa dar el paso al frente definitivo.
