La mitad de los tribunales eclesiásticos españoles mantiene las tasas. Un año después del motu proprio que insta a la gratuidad de los procesos de nulidad, solo el 27% ha eliminado las tasas y otro 22% las ha reducido. Así lo certifica una encuesta de la Asociación Española de Canonistas a la que ha tenido acceso Vida Nueva.
Aterrizar una reforma no es flor de un día ni de dos, sobre todo, aunque solo sea porque las diócesis deben reajustar sus partidas presupuestarias para financiar el trabajo de los magistrados, abogados y demás personal implicado.
Los propios canonistas reconocen que la complejidad de la reforma hará que su implantación no se complete hasta dentro de tres años. A la vez, reclaman un mayor apoyo episcopal para acelerar este proceso con todas las garantías. Así, solo un obispo en toda España se ha servido de la posibilidad de designar a una jueza laica, como contempla el nuevo reglamento pontificio.
Reconociendo el esfuerzo realizado, no está de más incrementar la docilidad para propiciar estos cambios y evitar que se genere la sensación de que el motu proprio es papel mojado firmado por el Papa, cuando se trata de una reforma urgente y necesaria para toda la Iglesia.
