En estos días, ocho millones de alumnos intentan iniciar el curso escolar de forma presencial en España. Una tentativa cargada de incertidumbre por un inesperado repunte de los contagios que no se esperaba hasta el otoño. Estos rebrotes generalizados han añadido más temores en la comunidad educativa, pero, lamentablemente, la desazón se justifica especialmente por la improvisación de las administraciones públicas.
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Si en marzo se tuvo que salir al paso de un confinamiento generalizado inimaginable, el verano requería que aquellos que han recibido la confianza de los ciudadanos para la gobernanza, abordaran a fondo los escenarios posibles para la vuelta al cole poniendo todos los medios a su alcance. Es lo mínimo que se puede exigir a unos responsables políticos que en este tiempo han priorizado sus enfrentamientos electoralistas a costa del COVID-19, pero que han dejado de lado a los niños, adolescentes y jóvenes.
Una semana antes de arrancar las clases, ni el Gobierno central ni los Ejecutivos autonómicos habían comunicado a los centros educativos las medidas que debían adoptar para garantizar un regreso seguro, como la reducción de la ratio, el formato de grupos burbuja, los recreos… Es más, se llega tarde para dotar a los centros educativos de espacios alternativos tanto para las clases como para el comedor. Ni siquiera se ha elaborado un plan pedagógico de concienciación contra el coronavirus, tan urgente como necesario.
Derecho a ser educado
Siguen sin concretarse los instrumentos legales para respaldar a las familias. Sí se ha aprobado ya que se podrá solicitar la baja laboral en caso de que un hijo esté contagiado, no cuando se le confine de manera preventiva. Reflexiones y directrices como la cobertura legal de los padres o recursos como la contratación de más profesores deberían haberse iniciado en junio para concretarse a lo largo del verano y estar ya ejecutadas.
Frente a esta desidia de los responsables públicos, que es reflejo de lo que también sucede en el sector sanitario, la entrega, creatividad y capacidad de reacción en la comunidad educativa es digna de reconocimiento. A profesores, personal no docente y padres les ha faltado tiempo para readaptarse frente a las descarnadas orientaciones gubernamentales. Basta visitar cualquier colegio concertado católico para constatar que están dando la talla a contrarreloj, tal y como lo hicieron durante la cuarentena. De la misma manera, la Iglesia ha ofrecido todo aquello que esté en su mano, incluidas las parroquias, para que nadie vea mermado su derecho a ser educado. Si los maestros están echando el resto por sus educandos, los políticos han demostrado que empiezan septiembre con un suspenso que arrastran del curso anterior.
