El proceso abierto entre el Ayuntamiento de Getafe y las Escuelas Pías por el pago de un impuesto por las obras de un salón de actos del colegio ha llegado hasta el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que deja en manos de los jueces españoles la decisión final.
Eso sí, el alto tribunal aprecia que puede ser ilegal la exención solicitada si las actividades del local tienen trasfondo económico. Hay que recordar que la vocación educadora de la Iglesia nunca ha tenido un fin lucrativo. Basta recorrer cualquier colegio para ver cómo esa misión subsiste a pesar de la asfixia del sistema de conciertos.
La Iglesia viene haciendo un camino donde la autofinanciación y la transparencia económica son sus máximas ante una sociedad beneficiaria de la entrega de sacerdotes, religiosos y laicos. Cada vez que un político se aferra a la proclama anticlerical de los privilegios, encuentra enfrente voluntad para actualizar las reglas del juego, siempre que sea en igualdad –también fiscal– con otras entidades sociales.
Si se ahoga a la Iglesia en su servicio a la sociedad, ¿podrá respirar el Estado, con sus frágiles pulmones, ante esta inabarcable labor social?
