El Tribunal Constitucional ha avalado íntegramente la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que en 2010 estableció el aborto libre como un derecho de la mujer hasta la semana 14, y hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o salud de la mujer o graves anomalías en el feto.
El dictamen niega que el ‘nasciturus’ sea sujeto pleno de derechos, que es tanto como negar a la ciencia que certifica que en el seno de una embarazada existe una nueva vida desde el instante de su concepción. El ‘derecho a decidir sobre el propio cuerpo’ se impone cuando una nueva reforma legislativa permitirá abortar a partir de los 16 años sin permiso de los padres.
Poniendo en el centro a una mujer, siempre vulnerable cuando se ve abocada a plantearse esta salida, resulta alarmante contemplar cómo se ven desprotegidas antes, durante y después de su decisión, sea cual sea. No solo no gozan de la información y asesoramiento adecuados para optar en libertad, sino que no se dota de un mínimo acompañamiento integral, sea psicológico, económico…
Voz de denuncia
De forma reiterada, el papa Francisco se ha mostrado más que contundente al calificar el aborto como un crimen, pero siempre con una advertencia añadida a los obispos, para que “gestionen el problema como pastores y no como políticos”. A la vista de su condena sin paliativos, el Pontífice no pide silencio ni ambigüedad, pero sí saber enfocar el relato. Caer en la trampa del debate parlamentario actual conlleva perder la autoridad ética y moral para dejarse atrapar por la maraña partidista. Esta deriva acaba identificando a la Iglesia con unas únicas siglas y al católico, con un único perfil de votante. Ser voz de denuncia no puede ser sinónimo de vociferar ni tampoco de sucumbir al ataque ‘ad hominem’.
Salvo para los forofos incondicionales, cuando se cae en este reduccionismo, lejos de ser un aldabonazo en la conciencia colectiva, el efecto resulta contraproducente en una ciudadanía que, contagiada o no por la cultura del descarte, ya ha dado por zanjado este debate y tacha de empecinamiento caduco los postulados clericales.
Nadie como la Iglesia acompaña y protege la dignidad de todos y cada uno, puesto que sabe que el derecho a la vida es el derecho a todas las vidas, del ‘nasciturus’ al enfermo terminal, pasando por las personas con discapacidad, el migrante y la mujer maltratada. Defender con la misma contundencia, recursos, audacia y agilidad comunicativa a todos los colectivos vulnerables evidenciaría una coherencia evangélica que se traduciría en una credibilidad ante la opinión pública cuando, antes o después, arrecie de nuevo el aborto como gancho polarizador.
