La decisión de la Santa Sede de nombrar comisario pontificio al arzobispo de Burgos, Mario Iceta, con plenos poderes para actuar frente a la crisis generada por la decisión de las clarisas de Belorado de dejar la Iglesia católica, permite allanar el camino para buscar vías de solución.
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Máxime cuando el mandato de la abadesa rebelde ha expirado y, sobre todo, ante el futuro incierto que se cierne sobre la comunidad y sobre sus bienes, bajo la directriz de un falso obispo excomulgado que despierta algo más que sospechas, dado su historial y su ‘modus operandi’.
Más allá de instar a que el líder de la llamada Pía Unión de San Pablo Apóstol y su portavoz abandonen el monasterio, la decisión del Arzobispado de esperar a que se rebaje la tensión mediática para buscar mediadores que intenten reconducir la cerrazón de las religiosas, se torna la vía más sensata antes de adoptar cualquier otra medida coercitiva.
Prioridades
Rescatar a todas y cada una de las monjas del laberinto cismático en el que se han visto atrapadas ha de ser una prioridad. Eso sí, sin perder de vista cualquier indicio que sugiera que el patrimonio conventual pueda estar en peligro.
