El 23 de abril, el Consejo de Ministros daba luz verde a una hoja de ruta de prevención y reparación a víctimas de abuso de la Iglesia. Con este proyecto unilateral del Gobierno se inauguran las relaciones Iglesia-Estado con Luis Argüello como presidente de la Conferencia Episcopal. De hecho, el propio ministro Félix Bolaños presentó este plan, cinco días antes de hacerlo público, en su primer encuentro institucional con el arzobispo de Valladolid.
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El paso al frente desde Moncloa ha provocado un enfrentamiento dialéctico directo con el Episcopado. A la vez que el ministro anunciaba medidas legales para que la Iglesia indemnice a las víctimas, la Conferencia Episcopal visibilizaba su enfado a través de un comunicado: “La Iglesia no puede aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas”.
Los obispos se remiten al argumento de que la crisis de la pederastia eclesial es solo la punta del iceberg de una lacra social orillada por las administraciones que afecta en masa a la familia, la escuela y el deporte. Por eso, a ojos del Episcopado, el plan del Gobierno supondría “un juicio condenatorio de toda la Iglesia, un señalamiento público y discriminatorio por parte del Estado”. Esta acusación, aun siendo totalmente cierta, es interpretada por la opinión pública como una exención de responsabilidades eclesiales y un daño inherente a su credibilidad.
En paralelo, la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) ha optado por la prudencia: estudiarán “detalladamente” la apuesta de Moncloa y seguirán “en diálogo con todas las instituciones, eclesiales y civiles”.
Lo cierto es que, tanto en el plan de Moncloa como en el de la Conferencia Episcopal, contemplan la creación de una comisión independiente de expertos que verifique cada caso prescrito o con el abusador fallecido, para aplicar el acompañamiento y compensación que se precise. De esta manera, podría darse una duplicidad para un mismo fin de un órgano promovido por el Estado y un ente pilotado por la Iglesia. ¿A dónde deberían acudir las víctimas? ¿Cuál tendría legitimidad?
Excusas y usos partidistas
Sin ignorar cuestiones ni matices que no deben minimizar ni pasar por alto, a la vista está que una comisión de expertos consensuada por Iglesia, Estado y víctimas podría posibilitar una vía intermedia real para superar una dialéctica de contarios. Y, sobre todo, para poner a las víctimas y su reparación integral en el centro, superando excusas y usos partidistas.
Y ahí puede aplicarse la máxima de la “leal colaboración crítica”, que el propio Argüello expone a ‘Vida Nueva’, frente a la tentación de echar más leña al fuego: “Aun teniendo claros algunos posicionamientos, se tiene que buscar el encuentro, la escucha”.
