Durante varios días, la polémica sobre el pin parental aplicado en Murcia se ha convertido en arma arrojadiza entre partidos políticos en pleno estreno del Gobierno de coalición, en debate constante en las tertulias mediáticas y en conversación recurrente a las puertas de los colegios.
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Más allá de la cuestionable pertinencia de la medida, y ante las desafortunadas apreciaciones de la ministra de Educación, Isabel Celaá, sobre la pertenencia de los hijos a los padres, queda al descubierto el nulo interés por abordar con profundidad los problemas de primer orden que atañen a la enseñanza. Precisamente, a la par de este dislate, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, manifestaba el deseo, motu proprio, de participar en la cumbre convocada en mayo por Francisco para promover un pacto educativo global.
No estaría de más que, antes de planear un posible viaje a Roma, la ministra Celaá ahorrara esfuerzos en torno al pin y se volcara en encabezar, al menos, un intento de promover un acuerdo de mínimos con los actores políticos y agentes educativos para sacar adelante una ley de educación que, hoy por hoy, hornea ajena a todo consenso.
