El plan antiabusos de la Iglesia española no cuenta con trabas internas. Al menos, así lo ha suscrito la Conferencia Episcopal en su Asamblea Plenaria de primavera, después de avalar por unanimidad la auditoría externa que encargó el pasado mes de febrero la Comisión Ejecutiva.
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A esto se une la lealtad e implicación demostrada hasta la fecha por la Conferencia Española de Religiosos, que no solo ha respaldado esta iniciativa, sino que ya desde hace tiempo reclamaba la necesidad de abordar de forma conjunta y sin miedo a mirar al pasado la lacra de la pederastia.
Sin embargo, esta empresa es una carrera de fondo, con flecos por delante nada sencillos de afrontar, como la apertura de los archivos históricos, de los que poco se puede esperar, o aclarar en qué se concretará la colaboración con la Comisión del Defensor del Pueblo, sin que ello suponga otro zarpazo mediático y político.
El gran desafío
Pero, sobre todo, el desafío se encuentra en lograr la confianza de las víctimas de uno u otro signo, una relación hoy por hoy resquebrajada que solo puede recomponerse desde una escucha permanente, sin cansarse de pedir perdón y con un compromiso de justicia restaurativa real.
