El desafortunado cuestionamiento de la libre elección de centro por parte de la ministra de Educación, Isabel Celaá, en el Congreso de Escuelas Católicas, ha generado un tsunami político, social y mediático del que no ha salido bien parada. No solo porque tuviera que salir al paso de sus declaraciones en el Consejo de Ministros posterior, lo que refleja el distanciamiento de Moncloa de sus tesis.
Tampoco por el rechazo unánime recibido por parte de la comunidad educativa, que tuvo su primer eco en el diplomático murmullo en el auditorio donde los colegios cristianos celebraban su foro.
Sobre todo, ha quedado en entredicho la capacidad argumental de la también ministra portavoz, que echó mano de una sentencia del Tribunal Constitucional de hace cuatro décadas para argumentar que el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos no se circunscribe al artículo 27 de la Constitución.
Obvia su gabinete la existencia de al menos tres sentencias recientes que tumban su tesis. Razones aparte, cuesta entender que alguien que conoce de primera mano el servicio de la escuela concertada, se despachara de esa guisa como invitada a casa ajena. Cuestión de educación.
