La Fiscalía General del Estado ha incluido por primera vez en su Memoria Anual un epígrafe específico para los abusos sexuales en el seno de la Iglesia. En el informe, el Ministerio Público reclama una extensión de la acusación a las posibles conductas encubridoras y determinar una indemnización por responsabilidad civil, que ha de integrar los daños morales y psíquicos.
- PODCAST: Luca Casarini, el padre sinodal de los migrantes
- Regístrate en el boletín gratuito y recibe un avance de los contenidos
Todavía queda mucho por pulir en la Iglesia en aras de la transparencia, la justicia restaurativa y el acompañamiento. Sin embargo, no resulta de recibo que la Fiscalía llame a una legítima cruzada contra los encubridores y quienes no asumen pago alguno a las víctimas, pero insinuando que se trata de una asignatura eclesial pendiente, y signo de opacidad y resistencia, cuando es una competencia del poder judicial.
Ecuanimidad
Hoy por hoy, la Justicia cuenta con las herramientas normativas a su alcance para llegar hasta el fondo y determinar si un obispo ha tapado a un depredador o si una congregación no compensa como debiera a una víctima. Si no se procede con la ecuanimidad que merecen las víctimas, revísese, pero no con zarpazos a la ventanilla de al lado, que –dicho sea de paso– bastante tiene con resolver lo suyo.
