La Conferencia Episcopal Española celebra su Asamblea Plenaria (20-24 de noviembre) en un clima generalizado de preocupación por la crisis en Cataluña. Tanto es así que se espera que se aborde la cuestión en sesión reservada, esto es, a puerta cerrada.
El ritmo frenético de los acontecimientos no ayuda a analizar la cuestión, con el riesgo de contagiarse del lenguaje político y tesis ideológicas, de enredarse y dejarse enredar por la actual maraña de posverdad.
Máxime tras algunas reacciones en el Episcopado, en la Iglesia y en la opinión pública ante la equilibrada y clarificadora Declaración de la Comisión Permanente del 27 de septiembre, aprobada por unanimidad y con respaldo explícito de la Santa Sede, donde se equiparaba el golpe de Estado del 23-F con las acciones llevadas a cabo por la Generalitat y donde proponía un diálogo “honesto y generoso” solo dentro de la legalidad marcada por la Constitución.
En medio de tanta niebla y tiniebla que dificulta levantar la mirada, la Iglesia, con sus pastores, está llamada a aportar luz, serenidad y entendimiento “desde la verdad y la búsqueda del bien común de todos”, como apuntaba precisamente el documento episcopal.
