Francisco recibió el 11 de octubre al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, justo cuatro años después de su primera cita. Al concluir el encuentro, el mandatario explicó que su visita giró en torno a cuatro ejes: la guerra de Oriente Medio, la crisis migratoria, el Valle de los Caídos y la lacra de los abusos.
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Tal y como adelantó ‘Vida Nueva’, esta audiencia se gestionó antes de que el conflicto de Gaza se extendiera a la región y se recrudeciera el drama de los cayucos en Canarias. Por ello, no resulta complicado deducir que el viaje de Sánchez en realidad buscaba abordar las dos cuestiones domésticas.
Por un lado, la resignificación de Cuelgamuros, que para el Ejecutivo culminará con la expulsión de los benedictinos antes de que concluya 2025. Aunque el punto de partida de la Iglesia es defender la presencia de la comunidad monástica, la negociación capitaneada por el equipo del cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, contempla un abanico de opciones, a sabiendas del objetivo socialista de sacar al abad Santiago Cantera, tras los obstáculos que planteó para exhumar al dictador. Estas posibilidades abarcan desde un cambio de congregación hasta, incluso, el cierre de la hospedería y la escolanía. El límite estaría en la negativa a desacralizar la basílica pontificia.
Por otro lado, Sánchez habría trasladado a la Santa Sede su empeño de fiscalizar, a través de un fondo estatal y un organismo designado por el Gobierno, las indemnizaciones que han de recibir las víctimas de abusos cuyos casos han prescrito o el fundador ha fallecido. Para ello, la Iglesia ya ha creado una comisión de expertos, que provocó algo más que un enfado del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. De hecho, llegó a torpedear la iniciativa eclesial, presionando por carta al presidente de los obispos, Luis Argüello, y agitando a las víctimas al convocarlas a una reunión improvisada. Sin embargo, hasta la fecha el Ejecutivo no ha concretado el plan antiabusos que anunció en abril ante lo que consideraba una emergencia.
Obrar con rectitud
Con este telón de fondo, cuesta comprender que el presidente Sánchez acuda ahora a Roma para lograr “un acuerdo para resolver estas dos cuestiones”. Su viaje exprés deja la sensación de llamar a la ventanilla del Papa y sus colaboradores para intentar desautorizar a unos obispos, ofreciendo la imagen de una Iglesia española cerrada al diálogo o que sigue mirando para otro lado ante la lacra de la pederastia. Ni una cosa ni la otra. Por suerte, en el Vaticano no se va a enmendar el proceder episcopal en estas materias. No por corporativismo, sino desde la convicción de que se está obrando con rectitud. Y sí, abiertos a negociar, pero con la honestidad y lealtad esperable de cualquier hombre de Estado.
