La decisión de un tribunal madrileño que obliga a un colegio religioso a pagar el llamado Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, del que, en principio, está exenta la Iglesia católica, abre un camino de incertidumbre e inseguridad jurídica en relación a las exenciones fiscales.
De ahí la más que comprensible reivindicación del vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Giménez Barriocanal, para que el Gobierno se siente a clarificar la fórmula que permita armonizar la legislación vigente con los argumentos lanzados desde Estrasburgo, y que fundamentan la sentencia del juzgado madrileño.
La Iglesia no está cerrada, ni debe hacerlo, a replantearse hasta dónde tienen que llegar estas excenciones para que nadie pueda hablar de privilegios clericales. De la misma manera, los poderes públicos no pueden saltarse a la torera el marco de los Acuerdos Iglesia-Estado. Pero, sobre todo, han de saber que la Iglesia juega con las mismas reglas que lo hacen otras instituciones con las que comparte su vocación de servicio a los españoles, ya sea una ONG, una fundación, un sindicato, o un partido político. Ni más ni menos.
