La Asamblea Plenaria de otoño de la Conferencia Episcopal Española ha supuesto un salto en el posicionamiento eclesial sobre la lucha antiabusos. Por unanimidad, se ha aprobado un plan de reparación integral que incluirá indemnizaciones para todas las víctimas, incluso en aquellos casos en los que no haya sentencia porque el caso haya prescrito o el agresor haya fallecido. Esta decisión se adelanta a la petición del informe del Defensor del Pueblo para crear un fondo estatal con el mismo fin, pero dependiente de la administración pública.
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Aunque esta apuesta por la justicia restaurativa llega tarde, después de años de negacionismo de esta lacra y el temor infundado de que las víctimas solo persiguen arruinar económicamente a la Iglesia, supone un giro que verdaderamente pone en el centro a quienes han sufrido un calvario tal que no hay nada que pueda compensar el dolor causado.
Recuperar la dignidad
A la espera de que se desarrolle la letra pequeña de este plan integral, cabe confiar en que la Iglesia no sea cicatera en el desembolso y se establezcan criterios razonables para que no se sospeche del relato de quienes no buscan más que sobrevivir recuperando su dignidad.
