Tras cinco años de investigación, Cáritas ha hecho público el VI Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social en España. Aunque el estudio reconoce que la salida de la crisis ha supuesto la recuperación de la clase media a niveles anteriores al batacazo económico, lo cierto es que se certifica que hasta 8,5 millones de personas viven en situación de exclusión en nuestro país. La bolsa de la pobreza severa, además, es cada vez mayor y las posibilidades de abandonarla se reducen.
Una vez más, Cáritas pone el dedo en la llaga en relación a las lagunas aparentemente invisibles de nuestro Estado de Derecho, a través de un informe tan incómodo como legitimado por el aval de la treintena de universidades participantes y las 11.000 encuestas realizadas. Pero, sobre todo, porque este macroestudio no es sino el reflejo de lo que, día a día, constatan a pie de calle las 6.000 Cáritas parroquiales que tocan la pobreza con nombres y apellidos y miran a los ojos a quienes se sienten asfixiados por no contar con un empleo fijo, encontrarse al borde del desahucio o no tener los papeles en regla.
Porque si algo preocupa a la ONG de la Iglesia tras analizar los datos de FOESSA, no son solo aquellos que se encuentran en una situación de miseria, sino precisamente ese arco de población que, de forma silenciosa, vive cada vez más al límite, porque de forma silenciosa le ahoga la hipoteca cada mes, su enfermedad crónica ha mermado su calidad de vida o la concatenación de contratos basura ha frenado en seco su estabilidad personal. Son los rostros cada vez más habituales de una exclusión social que va más allá de superar o no la barrera de unos ingresos mínimos. Hombres y mujeres que tienen la supervivencia como única meta cotidiana en un sistema que auspicia el precariado como modelo vital y que está ninguneando el sentido de comunidad frente a un individualismo darwiniano.
Más que un termómetro de la sociedad española, el Informe FOESSA se reivindica como acicate para una opinión pública por parte de una Iglesia que se siente corresponsable de la sociedad en la que vive y por la que se entrega. Todas las denuncias corren el riesgo, una vez más, de ser utilizadas como arma arrojadiza por los actores políticos, a quienes más les valdría tomar nota para poner en marcha políticas sociales a medio y largo plazo para evitar la cronificación de la exclusión y los crecientes márgenes de desigualdad. Porque sería mucho pedir que los poderes públicos asumieran la necesidad de promover un cambio estructural real a través de un gran pacto social, que permitiera reconvertir un Estado del Bienestar, cada vez más debilitado, en una auténtica sociedad de los cuidados, y en la que asegurásemos que nadie quede descartado.
