Algo –o mucho– sigue fallando cuando tienen que pasar más de tres décadas para que se celebre la primera vista oral del juicio por el asesinato de los mártires de la Universidad Centroamericana (UCA). Como denuncia el actual rector del centro, Andreu Oliva: “El Salvador ha negado la justicia”.
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Y no solo es una deuda pendiente del país centroamericano, sino de toda la comunidad internacional, que ha mirado y mira para otro lado mientras continúan perpetrándose atentados contra la vida de quienes alzan la voz en favor de un pueblo al que se le ha arrebatado la palabra.
La fragilidad de los sistemas democrácticos, especialmente en América Latina, requiere de un compromiso firme de todas aquellas entidades globales que tienen en sus manos salvaguardar el derecho a no perder la memoria. Velar por una justicia reparadora que, lejos de despertar odio y confrontación, promueva la reconciliación es una ardua tarea que sana el pasado y construye el futuro. La Iglesia no puede amedrentarse por el peaje que conlleva izar la bandera de la justicia misericordiosa, máxime cuando está en juego la dignidad de los más indefensos, los bienaventurados.
