La campaña de la Renta de 2020 ya está en marcha, condicionada por la pandemia, teniendo en cuenta que el año pasado medio millón de personas perdieron su trabajo y 755.000 sufrieron un ERTE. Este contexto de crisis hará que disminuya el número de contribuyentes y, por tanto, los ingresos en las arcas públicas. De la misma manera, condicionará a la baja a ese 0,7% del IRPF que puede marcarse a favor de la Iglesia, pero también al otro 0,7% que se destina a través de la casilla 106 a programas vinculados con fines sociales.
- A FONDO: Nunzio Galantino: “No hay riesgo de bancarrota en el Vaticano”
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En el ejercicio precedente, la Iglesia registró un récord, tanto en las personas que confiaron en ella como en los ingresos, un refrendo en toda regla a la institución que tuvo lugar cuando España vivía confinada y abrumada por los fallecidos a causa del coronavirus. En medio de la dificultad, se recompensó la entrega de tantos sacerdotes, religiosos y laicos que se jugaron la vida, no solo en los hospitales y en las morgues. La ciudadanía apreció ese trabajo callado de unos cristianos que salieron al rescate de quienes se sumaron a esas colas del hambre que siguen creciendo.
Es esta ingente labor social, unida al servicio pastoral y al cuidado del patrimonio, la que se ha visto reconocida a través de esa cruz en la declaración de la renta. Una confianza que solo puede mantenerse a golpe de higiene en la gestión. En un ejercicio de responsabilidad, la Iglesia está llamada a rendir cuentas por cada euro que entra en sus cepillos parroquiales, en los sobres del Domund o a Cáritas a través de Bizum.
Aunque la opinión pública es consciente de que cada ingreso a una institución eclesial se revierte en beneficio de la sociedad, no está de más recordarlo, pero, sobre todo, probarlo echando mano de todos los mecanismos de control a su alcance.
Este ejercicio de visibilidad y comunicación exige una coherencia interna, o lo que es lo mismo, establecer todos los mecanismos necesarios para una gestión eficaz y ética, acorde con los valores del Evangelio, tanto de los recursos financieros como patrimoniales. Así lo expresa en Vida Nueva Nunzio Galantino, presidente de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA). Para él, debe desarrollarse con una “ejemplar transparencia y en línea con la misión de la Iglesia”.
Una tarea que exige profesionalidad, sea en una parroquia, colegio, residencia, hospital, congregación, diócesis o fundación. No vale descuido o manga ancha alguna. Porque cualquier mínima corruptela, tal y como se ha visto en los últimos años desde la Santa Sede, supone un mazazo a la credibilidad de toda la Iglesia, con el peligro de echar por tierra la ejemplaridad de todos los que están dando el callo en primera línea de la caridad, la que más necesita de esa casilla del IRPF.
