Cuenta atrás para la exhumación de Franco después de que el Tribunal Supremo haya dado luz verde a la petición del Gobierno para que no se demore el traslado de sus restos desde el Valle de los Caídos al cementerio de El Pardo. Quince meses han pasado desde que Pedro Sánchez lo presentara como una de sus medidas estrella, convertida en un arma electoral de dudoso rédito, dada la indiferencia con la que ha sido acogida en la calle.
Al mismo tiempo, no han faltado los intentos de Moncloa por presentar a la Iglesia como un enemigo de esa iniciativa y, por tanto, cómplice del régimen franquista. Sin embargo, la unidad de la Santa Sede, la Conferencia Episcopal y el Arzobispado de Madrid ha permitido lanzar un mensaje inequívoco: mantenerse al margen de un problema generado por el Gobierno con la familia, apelar a una solución dialogada y acatar la resolución judicial en firme, si se daba el caso. Y así ha sucedido. Estos criterios comunes, que se han replicado en materia comunicativa en términos generales, ha permitido no solo presentar a la Iglesia como un agente mediador, sino, sobre todo, evitar que se la identificara como obstáculo, que ya es mucho. Ni siquiera de refilón.
