Publicado en el nº 2.708 de Vida Nueva (del 22 al 28 de mayo de 2010).
Los ajustes económicos del Gobierno han llegado como era de esperar. Se hacen a la retranca y cuando ya no hay más remedio. Quizá el reconocimiento de la situación en su momento hubiera deparado otras actuaciones menos contundentes. Hay enfermedades que, de atajarlas a tiempo, limitan sus efectos. No hubo acierto en la aplicación de los remedios y los que ahora se aplican tendrán su coste político y social. La crisis no ha tocado fondo y se teme que el recorte afecte a las capas populares con dentelladas fuertes y consecuencias negativas, especialmente en los colectivos de jóvenes, inmigrantes y desempleados. Siempre son los más pobres quienes sufren más en los recortes, porque no es lo mismo el ajuste en pensiones bajas o en sueldos de miseria que en asignaciones astronómicas. Otras medidas en el gran aparato de las Administraciones públicas serían mejor recibidas por parte del ciudadano, que siempre ve con mejores ojos que los recortes empiecen desde arriba.
En esta situación, la Iglesia mantiene su misma acción social, sin recortes, aumentando las ayudas en diversos frentes y echando mano, incluso, a la venta de bienes, para socorrer a los pobres, siguiendo la sugerencia de Juan Pablo II en la Centessimus Annus, cuando invitó a la misma Iglesia a vender incluso sus bienes para acudir en remedio de los necesitados. Si bien es verdad que en muchos lugares se ha puesto sordina a esta invitación del Papa, también lo es que, en otros muchos, la acción social de la Iglesia procede de la enajenación de bienes propios. No sólo en Cáritas, sino también en otras muchas instituciones de la Iglesia: parroquias, diócesis, congregaciones religiosas, colectivos de laicos, etc… La Iglesia no hace recortes de ayudas en momentos de crisis. Es el aval más importante que tiene para cumplir su misión de amor preferencial a los pobres. No hacerlo sería traicionar su esencia, y hacerlo, una responsabilidad.
