El Congreso ha aprobado el proyecto de Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global. Con un consenso casi inédito en esta legislatura, ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos parlamentarios salvo Vox.
No es una iniciativa menor, porque da rango legal a esa batalla de hace décadas promovida por las entidades sociales –con la Iglesia al frente– para destinar a ayuda exterior el 0,7% de la Renta Nacional Bruta. Además, pone las bases para crear el demandado estatuto de los cooperantes, un marco de protección que impactará en los misioneros y sus derechos.
En medio del intercambio de ataques y broncas de sus señorías, que dispara la desafección hacia las instituciones, esta nueva ley habla de cómo el diálogo y la negociación pueden ser el cauce para lograr pactos que permitan de verdad cambiar el mundo. Algo –o mucho– ha tenido que ver para fraguar este acuerdo que una política cristiana haya capitaneado el trabajo previo en la trastienda, con no pocos desvelos para aunar criterios, haciendo realidad esa “mejor política puesta al servicio del verdadero bien común” que abandera la encíclica ‘Fratelli tutti’ del papa Francisco.
