Según los datos más recientes de Eurostat, la crisis habitacional que afecta a España ha provocado ya que más de seis millones de personas se encuentren en riesgo de exclusión social. Este escenario está provocado por un cóctel en el que convergen varios elementos, entre ellos, un precio de la vivienda disparado por la falta de nueva construcción, a lo que se suma un aumento de los pisos turísticos para rematar la inflación, un alquiler social que solo representa 2,5% del total del parque disponible…
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El problema se hace todavía más cuesta arriba ante una precariedad laboral que impide que los sueldos puedan hacer frente a los pagos mensuales, ya sea endeudados por una hipoteca o como inquilinos.
¿El resultado de este complejo contexto? Una generación de empobrecidos por no poder contar con un techo digno, con un perfil tan diverso que lo mismo afecta a mujeres que a jóvenes, a migrantes que a mayores jubilados o desempleados. Un drama humanitario que tiene su afluente extremo en los crecientes desahucios y el sinhogarismo permanente.
A pesar de que el Gobierno haya aprobado recientemente la primera ley de vivienda de la democracia, lo cierto es que la falta de recursos para materializar las medidas planteadas hace que siga siendo papel mojado el artículo 47 de la Constitución: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. Y no solo eso, la Carta Magna recuerda que “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.
Como respuesta a esta laguna lacerante, en los últimos meses se han multiplicado las protestas en todos los rincones del país, unas movilizaciones que no tienen precedentes, ni tan siquiera con el ‘crac’ financiero de 2008.
Una herida que sangra
La Iglesia no es una recién llegada a la hora de salir al rescate de cuantos se ven asfixiados por no poder contar con un hogar digno y se encuentran al borde del precipicio por temor a perderlo. Así lo corrobora la Doctrina Social, y se traduce en múltiples programas que van desde servicios de la orientación, la información y el acompañamiento hasta las alternativas habitacionales temporales y transitorias como elemento integrador y de estabilización.
Sin embargo, todas estas medidas solo pueden paliar en parte una herida que sangra por demasiados costados. Encontrar la llave para escapar de una encrucijada de este calibre exige una estrategia estructural desde una política inclusiva: una vivienda digna no puede considerarse un bien de mercado, sino un derecho social y evangélico que “habita entre nosotros”.
